Winston Churchill, exprimer ministro y parlamentario británico, y uno de los políticos más prominentes del siglo XX, sería expulsado de la Asamblea Nacional nicaragüense por el delito de “tránsfuga”. Una reciente reforma a la ley orgánica de la Asamblea castiga así a quienes cambien de bancada. Churchill, siendo miembro del parlamento lo hizo dos veces, pero en ninguna perdió su escaño. Como no lo pierden los numerosos congresistas y senadores demócratas o republicanos que en Norteamérica votan con el partido contrario o cambian totalmente de partido.
Pero claro, Nicaragua es distinta. Aquí el diputado no representa a sus electores ni les debe su puesto, como tampoco tiene capacidad de disentir o seguir los dictados de su conciencia. Aquí representa a su jefe, cuyo dedo lo nombró, y a quien debe obediencia. Por eso el año pasado la diputada sandinista Xochilt Ocampo fue despojada de su escaño: única y exclusivamente porque tuvo el atrevimiento de abstenerse de votar a favor de la reforma vende-patria que entregó la soberanía nacional a Wang Jing. Luego le tocó el turno a Jarquín Anaya, por disentir del partido.
Los despidos fueron tan bochornosos como ilegales, pues los ordenó, sin tener la potestad ni invocar causa alguna, un sumiso y corrupto Consejo Supremo Electoral (CSE). Pero como ocurre con frecuencia bajo la actual administración, primero se desconoce o rompe la ley en la práctica, y después se la cambia para volver legítimo lo que no lo era. En lugar de alinear los hechos al derecho, se alinea el derecho a los hechos.
Este irrespeto al derecho, para luego ajustarlo a la voluntad del gobernante, es parte del sistemático desmontaje de la institucionalidad con que Daniel Ortega ha venido vaciando la esencia del orden republicano, para solo dejar su caparazón. La nueva reforma a la ley orgánica de la Asamblea (Ley 606), en lugar de aumentar la independencia del poder legislativo es una vuelta más al tornillo que la atenaza. Así, lo que desde la concepción republicana debería ser un poder independiente del ejecutivo, que responde a sus electores, y que actúa como un foro para el libre debate de las ideas y propuestas, se convierte en una caja de resonancia de la voluntad del líder máximo, vacío de representatividad popular y auténticos debates.
Lo grave es que este poder es quien nombra a los magistrados del CSE —árbitro de las elecciones— y de la Corte Suprema de Justicia —árbitro de la justicia— por períodos relativamente cortos, lo que asegura que esta Asamblea sumisa mantenga sumisos a los demás poderes del Estado. El resultado es una serie de instituciones, iguales en nombre a los que tienen las repúblicas democráticas, pero que no son más que fachadas para esconder lo que en el fondo es un sistema autocrático, mucho más cercano a la monarquía absoluta que a una verdadera república.
Es una farsa cara. Porque utiliza noventa y tantos diputados en su mayoría superfluos, y porque gasta millones en elecciones que no eligen. Es una farsa peligrosa. Porque el poder sin instituciones que lo frenen facilita la corrupción y las aberraciones, como haber reformado sin consultas y a toda velocidad la Constitución para entregar la soberanía del país y como haber autorizado un canal, antes de haber efectuado estudios que muestren su factibilidad y consecuencias.
Finalmente, es una farsa atentatoria de la dignidad humana. Porque no informar a la población ni sondear sus opiniones, en temas que pueden afectar profundamente sus vidas, es el máximo gesto de desprecio; es tratar a seres humanos como si fuesen borregos.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
