Unos 220 taxistas hondureños han sido asesinados entre 2012 y octubre de 2014, informó hoy el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera.
«En los últimos 34 meses (2012-octubre 2014) han muerto en circunstancias violentas al menos 220 taxistas, es decir, un promedio de siete por mes», indicó el ombudsman hondureño.
Señaló además que un recuento de los hechos establece que entre 2012 y 2013 se registraron 174 hechos violentos que dejaron como saldo 231 víctimas entre taxistas, pasajeros y particulares.
En esos dos años alrededor de 153 taxistas perdieron la vida violentamente mientras que otros 17 resultaron heridos, añade el informe de Herrera, quien hoy exhortó al Gobierno a «atender de urgencia y encontrarle solución a la inseguridad que se vive en el transporte público».
En una carta dirigida al ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang, Herrera le expresó su «preocupación por la problemática que enfrentan a diario tanto los pasajeros como los transportistas del gremio de autobuses y de taxis del país».
«Se requiere de pronta respuesta para evidenciar la disposición permanente del Estado de proteger y hacer respetar los derechos humanos del pueblo», subraya la misiva de Herrera a Chang.
Herrera considera que debe haber un acercamiento entre el Gobierno y el sector transporte «para adoptar medidas concretas que permitan proteger la integridad física y la vida, tanto de usuarios como de quienes realizan esa labor de alto riesgo en autobuses y taxis».
Esta semana el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández ordenó una nueva operación de seguridad para proteger a conductores de autobuses, taxis y usuarios del servicio del transporte público para reducir la violencia en el sector.
Los transportistas organizados sostienen que el Gobierno y el mismo Comisionado de los Derechos Humanos deben involucrarse en el problema y contribuir a buscar soluciones.
Además, advirtieron que la próxima semana podrían declarar un paro general del transporte como medida para que el Gobierno les garantice seguridad.
Los transportistas también son víctimas de extorsión por parte de bandas criminales, lo que ha obligado a varios conductores y empresarios del sector a retirarse.
Entre otras medidas preventivas el Gobierno ha anunciado el uso de cámaras de vigilancia, policías encubiertos en las unidades de transporte público y el uso de tarjetas de crédito para que los pasajeros no paguen con dinero en efectivo por el servicio.
