En la entrega del Premio a la Excelencia del Periodismo en memoria de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el cual es otorgado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su directora Cristiana Chamorro Barrios expresó que en Nicaragua hay “un sistema de represión a medios y periodistas” pero al menos no hay periodistas asesinados ni presos.
“Si bien en Nicaragua el estado de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la libre información pública no se mide por asesinatos o encarcelamientos a periodistas, pero sí por el grado de autoritarismo de un sistema que reprime las libertades públicas”, escribió también la periodista Chamorro Barrios en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA del miércoles 12 de noviembre, el mismo día de la premiación a la excelencia periodística con el cual, entre otros, fueron galardonados los periodistas de este Diario Moisés Martínez y Mabel Calero y Byanka Narváez del periódico Hoy.
Al día siguiente, o sea el jueves 13 de noviembre, la periodista de LA PRENSA, Elízabeth Romero, compareció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para denunciar “el espionaje y acoso al que está siendo sometida por su cobertura periodística del tema de los grupos armados que operan en el país”.
Elízabeth Romero está asignada a la cobertura de los temas de seguridad pública y por lo tanto le corresponde redactar las informaciones sobre los grupos armados que operan en el norte del país, a los cuales las autoridades militares y civiles del Gobierno califican como bandas delincuenciales y así lo reporta la periodista Romero. Pero ellos se identifican como alzados en armas contra el régimen de Daniel Ortega y por lo tanto así lo informa también la periodista de LA PRENSA.
Esto es prácticamente lo mismo que sucedía en los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando surgían los grupos armados que se identificaban como guerrilleros del Frente Sandinista y de tal manera lo informaba LA PRENSA. Las autoridades somocistas calificaban a aquellos armados como delincuentes lo cual lo reportaba también este Diario conforme a su deber profesional.
Sin embargo, como la periodista Elízabeth Romero cubre las noticias de LA PRENSA sobre los grupos armados, ella está siendo acusada malévolamente, mediante un sitio en internet y una página de Facebook, de ser su vocera oficiosa. Las publicaciones electrónicas difamatorias no se identifican como gobiernistas, pero por su lenguaje es obvio que están al servicio del régimen orteguista.
La peligrosidad de la campaña de difamación contra la periodista y el medio para el cual ella trabaja, es que de allí se puede pasar fácilmente a la represión e incluso a cualquier agresión personal. Así ocurre generalmente en los países que tienen gobiernos autoritarios. Como lo ha denunciado Elízabeth Romero, debido a esa campaña ella teme que podría ser víctima de algún “accidente” planificado y ejecutado por mentes y activistas criminales.
Además, como muy bien lo advirtió el abogado del Cenidh, Mauro Ampié, la campaña contra la periodista Romero “puede traducirse en una amenaza a su seguridad, en una amenaza a su ejercicio periodístico, a la libertad que requiere para realizar su labor”.
Elízabeth Romero cuenta con todo el respaldo de LA PRENSA y su caso será denunciado también ante los organismos internacionales correspondientes.
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