La violencia contra las mujeres está vinculada a factores de desigualdad económica, social y cultural, afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe presentado en México.
Cepal destacó el hecho de que en Nicaragua, al igual que en Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú hayan tipificado el feminicidio en sus legislaciones.
No obstante al avance normativo, la Cepal advirtió sobre la falta de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación en los países.
“A esto se suma que las normas se concentran en el castigo de los agresores, sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos, la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado”, apuntó.
Entre sus recomendaciones, la Cepal pidió fortalecer los mecanismos de atención en salud; asegurar el financiamiento adecuado de las políticas públicas, las instituciones y los sectores involucrados en las iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El organismo afirmó que la autonomía de la población femenina en la región se ve amenazada por la alta proporción de mujeres sin ingresos propios.
Ante este escenario, la Cepal planteó “el desafío de evaluar si los programas de empoderamiento económico que se instalan en distintos países contribuyen o no a la eliminación de la violencia y sus causas a corto y largo plazo”.
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