Prisión preventiva les fue decretada a tres supuestos miembros de una banda de nicaragüenses (entre ellos una mujer), a quienes la Policía y la Fiscalía señalan de acopiar, almacenar y también dedicarse a la compra y venta de fusiles AK-47 y armas cortas, tanto a nivel nacional como internacional.
El juez Décimo Distrito Penal de Audiencia, Carlos Solís, también admitió la acusación contra los procesados Alexander Keldish Martínez Leiva, de 33 años; presunto líder de la agrupación delictiva; Nery Elizabeth Zeledón Dávila, de 33, señalada de ser la segunda al mando en la supuesta red del tráfico y venta de armas y Ovidio Gustavo Gutiérrez Aragón, de 26.
[doap_box title=»Los hechos» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]El pasado 01 de noviembre a eso de las 7:30 de la noche, los tres acusados fueron detenidos cuando se movilizaban a bordo de una camioneta, placas M 054 851, en el sector de la rotonda La Virgen, Managua, y en la requisa les ocuparon tres sacos macen, color blanco, en cuyo interior contenían 12 fusiles A-K; también les ocuparon 13 magazines y una pistola.
En el barrio Largaespada, Managua, donde el acusado Alexander, trabajaba como vicegerente de una empresa, la Policía encontró una gran cantidad de proyectiles.[/doap_box]
Estos fueron acusados por la supuesta coautoría de los delitos de crimen organizado; tráfico, acopio o almacenamiento de armas prohibidas y portación o tenencia ilegal de armas de fuego.
Los tres acusados pasarán un largo encierro durante el proceso judicial, debido a que el judicial decretó la tramitación compleja del caso (el proceso puede durar hasta un año).
Solís también dejó establecida la audiencia inicial del caso para el próximo 18 de noviembre a las 8:30 de la mañana, en la que decidirá si envía o no a juicio a los procesados.
SEGUIMIENTO
Según la acusación, la Policía le daba seguimiento a la supuesta agrupación desde el pasado mes de mayo de 2014 y tenía conocimiento de que el procesado Alexander Martínez era el jefe de la agrupación y que cumplía funciones de supervisor y encargado de la logística y que controlaba directamente los traslados de las armas de fuego.
A la acusada Nery Zeledón le imputan las funciones de acopio, almacenamiento y resguardo de las armas, así como la compra de las mismas a nivel nacional y después comercializarla con extranjeros.
Por su parte Ovidio Gutiérrez se encargaba de buscar compradores, realizaba control y chequeo del lugar que utilizaban para comercializar las armas de fuego.
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