Hay quienes se aventuran a declarar que Nicaragua es el país más “estable” de la región. Aunque a veces es difícil imaginarse la razón o el motivo por lo que se adjetiva a Nicaragua como tal, podríamos simplificar el entendimiento partiendo de la definición oficial que el Diccionario de la Real Academia Española proporciona sobre esa palabra: “Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Que mantiene o recupera el equilibrio”. Es decir, que algo es durable, firme, permanente.
Por supuesto que al preguntarnos si existen expectativas sinceras de que en Nicaragua las condiciones sociales, económicas, políticas, morales, institucionales están firmes, saludables y sin peligro de perder el balance a corto, mediano o largo plazo. La respuesta es rotundamente ¡No!
Una sociedad es estable cuando todas sus partes participan de buena fe en el proceso dinámico que requiere ajustes a todos los cambios que inevitablemente se manifiestan en sus diferentes sectores.
En cuanto a la estabilidad social en la Nicaragua actual, la dignidad de la persona humana está comprometida. La defensa y promoción de esa dignidad ha sido arrebatada de las voluntades individuales por la autoridad temporal del inconstitucional presidente Daniel Ortega.
Del derecho a esa dignidad fluye el respeto al ser humano. La Iglesia nos dice que estos derechos anteceden a la sociedad y así deben ser reconocidos, ya que son las bases de la legítima moral de toda autoridad. De ahí que la tiranía impuesta en este país carece de dicha legitimidad. Por eso es que aquí el poder se ejerce con base en la represión y la violencia estatal.
Por su parte, los individuos —en cualquier sociedad— no pueden prescindir de su derecho a la vida ni de los medios necesarios para vivirla con dignidad. Por eso, las actividades libertarias están arraigadas en nuestra propia naturaleza humana y el aborrecimiento y determinación de eliminar el mal que nos infringe el enemigo (léase Gobierno y líderes políticos de oposición, en nuestro caso) es ineludible. De ahí el apuro y los siempre ascendentes esfuerzos de Ortega para consolidar su dominio y control sobre su cuerpo de Policía y su Ejército pretoriano. De ahí su envilecida alianza con los viciosos líderes de los partidos políticos de oposición y el absoluto dominio sobre los magistrados y diputados en todos los poderes del Estado.
Lo económico, de igual manera, refleja el desequilibrio de nuestra reorganización social, la que ha sido formulada de acuerdo con las más bajas posibilidades morales. Aquí no se persigue la estabilidad económica con miras a promover la mayor satisfacción posible al mayor número de ciudadanos. Por el contrario, aquí todo gira alrededor de influencias e intereses políticos, sin considerar la miseria del desempleo, el subempleo y el flagelo inflacionario. Nuestra realidad económica está plagada de incertidumbre para la fuerza laboral, el empresario corriente y la clase media.
Con respecto a la estabilidad política en Nicaragua, solo podemos hablar de su degradación. Esto responde al comportamiento político del gobierno de Ortega, que ha acaparado todo el poder y con ello la capacidad absoluta de crear sus propias reglas, normas y leyes; las que —paradójicamente— sirven para reflejar —de manera axiomática— la inestabilidad del sistema. Un gobierno arbitrario, jerarquías destruidas, instituciones rotas, una sociedad polarizada es lo que determina el desequilibrio nicaragüense y el eventual colapso de este régimen.
La realidad, reflejada realísticamente en las consideraciones anteriores, hace de Nicaragua el país más inestable de la región.
El autor es economista y escritor
