El diputado del Partido Liberal Independiente (PLI) Elíseo Núñez estima que el Gobierno de Nicaragua tiene en sus manos la oportunidad de lograr una extensión del Nivel de Preferencia Arancelaria (TPL, por sus siglas en Inglés), pero no cree que tenga la voluntad política para jugar dicha carta.
“Mirá, si el Gobierno quisiera podría buscar una negociación con los republicanos (en el Congreso de los Estados Unidos) para que estos apoyen la renovación de los TPL a cambio de reformas en el sistema electoral. O sea, lo único que tienen que hacer son las concesiones que no quisieron hacer cuando se fue la cooperación europea, que lo único que pedía era que hubiesen elecciones libres y transparentes en Nicaragua”, dijo el parlamentario.
Los TPL expiran el 31 de diciembre de este año. Permiten la entrada libre de impuestos al mercado estadounidense —el más importante para la economía nicaragüense— de prendas de vestir elaboradas con tejidos e hilados de terceros países, por un volumen anual de cien millones de metros cuadrados. La suspensión de este beneficio pondría en peligro al menos 15,000 empleos en las zonas francas de Nicaragua este año.
“A mí me llamaron la atención las palabras de Bayardo Arce (asesor económico de la Presidencia) antes de partir a Washington, donde decía que en realidad no había negociación, sino gestión. Lo que puede ser es que Bayardo Arce se esté curando en salud, porque una de las mejores formas para la renovación de los TPL es conseguir el voto de los republicanos. Son los votos que se necesitan para esta negociación. Pero el Gobierno está viendo esto como una negociación comercial, cuando también puede ser abordada desde la óptica política”, insistió el parlamentario opositor.
Núñez insistió en que otra de las razones por las cuales el Gobierno debería apostar a una negociación política con los republicanos es que el tiempo que se dio para que en Nicaragua se fortaleciese el sector de zonas francas para no depender de los TPL (10 años) ha sido prácticamente cubierto por la gestión del mandatario inconstitucional Daniel Ortega, ya que el DR-CAFTA entró en vigencia en 2006 y Ortega asumió el poder en enero del 2007.
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