Emiliano Chamorro
Monseñor Silvio Fonseca, vicario pastoral de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua, reiteró que la Ley 779 y su reglamento continúan haciendo un grave daño a la dignidad humana y a la estabilidad de la familia en Nicaragua.
A juicio de Fonseca, el hecho que algunos diputados hayan expresado que la Iglesia no está obligada a participar en conflictos de familia en conjunto con la Policía, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, la realidad planteada en la ley, es otra.
“Yo personalmente estoy a la expectativa si esas modificaciones van a materializarse, porque hasta el presente la reglamentación no dice en ninguna parte la voluntariedad como lo han dicho algunos diputados y ministros. Y lo escrito, escrito está, y por tanto, tiene carácter de obligatoriedad porque es de ley. Entonces no me atrevo a pensar en el futuro, si eso lo van a revertir o no”, reflexiona monseñor Fonseca, al valorar las explicaciones que recientemente dio el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en el parlamento, cuando expresó que nunca se pretendió en la reglamentación afectar la labor de la Iglesia en conflictos de familia.
Para Fonseca, tanto la Ley 779 como su reglamentación deberá ser ampliamente consultada con sectores involucrados y de personas expertas en temas de familia.
“Quieren enmendar un error con otro error con esto de la reglamentación, y eso no es correcto, porque acá la gran preocupación relevante es la invasión de la intimidad de la familia porque la familia ya es rehén, no solamente de los gabinetes de la familia sino también que han involucrado a otros sectores como el caso nuestro los religiosos y eso está claro que es innegociable”, reflexionó Fonseca.
RESPETAR A LA FAMILIA
En ese sentido, el vicario de Familia, advierte: “Yo le recomiendo al Gobierno que se abstenga de atropellar los derechos fundamentales de la familia y su intimidad, porque la familia es creación de Dios y no es el Estado el que ha fundado a la familia, la familia es anterior al Estado y por tanto debe el Estado respetarla”, finalizó.
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