EFE
El gobierno colombiano retirará antes de finales de año el 15 por ciento de los esquemas de seguridad que otorga a personas amenazadas debido al déficit millonario que arrastran por el aumento de peticiones de protección y escándalos de corrupción.
“La situación es muy delicada porque afecta a esquemas que ya están funcionando. Nos faltan setenta mil millones de pesos colombianos (unos 35 millones de dólares) para mantenerlos hasta final de año”, reconoció en entrevista el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar.
Por este motivo anunció que mañana presentarán al Ministerio del Interior una lista preliminar con 150 personas cuyos esquemas “pueden ser retirados a corto plazo”.
La UNP protege actualmente en Colombia a casi 7,500 personas que reciben amenazas de muerte principalmente de grupos paramilitares, que suponen cuarenta por ciento del total, seguidos por las guerrillas de las FARC y el ELN (treinta por ciento) y amenazas de políticos locales (15 por ciento), entre otros.
Aproximadamente cuatro mil de los protegidos reciben ayuda, como teléfonos móviles para avisar a las autoridades o chalecos antibalas, mientras que hasta 1,800 personas cuentan con esquemas de protección que incluyen un coche blindado y dos escoltas.
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