Elízabeth Romero
El colectivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias recurrieron por inconstitucionalidad en contra del reglamento de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
El Estado de Nicaragua retrocede aún más jurídicamente y expone su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos al violentar los compromisos internacionales, señalan ambas organizaciones.
El decreto, emitido a finales de julio pasado por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, incumple la obligación internacional del Estado de Nicaragua que deja en mayor desprotección a la mujer y la niñez bajo la supuesta premisa de preservar la unidad familiar, obviando que la violencia no construye ni une a las familias, indican los firmantes del recurso.
Al tiempo que apuntan que con el mismo dejamos demostrado que mediante el cuestionado y recurrido decreto, el ejecutivo asume una posición regresiva claramente perjudicial para los derechos humanos de las mujeres, niños y adolescentes.
Wendy Flores, abogada del Cenidh, considera que el reglamento no solo es un retroceso jurídico, sino que va en contra de recomendaciones que sobre el tema recibió Nicaragua en el Segundo Periódico Universal (EPU), ante Naciones Unidas.
