Elízabeth Romero y AP
La Policía de Nicaragua había preparado un plan de búsqueda y captura con el objetivo de encontrar al exdirector del estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, confirmó la jefa de facto de la institución, primera comisionada Aminta Granera.
«No tenemos información nosotros que hay sido capturado. Sí hemos tenido coordinaciones con la Policía de Honduras, sí está circulado, sí lo hemos buscado, pero lamentablemente no tenemos la información que haya sido capturado», fue la primera reacción de la funcionaria de facto.
Sobre los señalamientos efectuados por el abogado defensor de Zelaya, Marcelino Vargas que según agencias internacionales aseguró que la captura de su cliente fue efectuada «cerca de Managua», Granera manifestó: «hasta este momento yo no tengo la información, a menos que haya sido durante este curso (refiriéndose a la actividad en la que se encontraba durante estas declaraciones)».
«Sí hemos tenido un plan de búsqueda y captura porque hemos tenido coordinación con nuestros hermanos de Honduras, hemos tenido estrecha coordinación, y hemos tenido un plan de búsqueda y captura, pero en este momento yo a menos que hay sido mientras estábamos en este curso, no les puedo yo afirmar», reiteró Granera.
El abogado defensor Marcelino Vargas aseguró en entrevista a The Associated Press que Mario Zelaya fue detenido el 8 de septiembre en Managua, por dos hombres encapuchados que lo trasladaron en vehículo a la frontera con Honduras y lo entregaron allí a las autoridades de ese país.
Vargas sostuvo que al exfuncionario «lo detienen dos personas encapuchadas en Nicaragua, no hubo extradición formal, lo trajeron a la frontera y ahí lo entregaron… Eso es lo que dice mi defendido, pero es difícil de probar en los tribunales porque es la palabra de él contra toda una maquinaria estatal que se ha inventado muchísimas cosas para salir triunfante en sus alegatos».
Sin embargo, las autoridades hondureñas afirman haber arrestado a Zelaya el 9 de septiembre en el sur del país. «Zelaya fue capturado en el departamento de El paraíso», 100 km al este de la capital señaló el presidente Juan Orlando Hernández en una breve rueda de prensa.
El exfuncionario fue llevado a un juzgado en medio de fuertes medidas de seguridad y seguido por un enjambre de periodistas que querían conocer detalles sobre la persecución de las autoridades que se prolongó por siete meses, acusado de malversar alrededor de 350 millones de dólares del sistema de seguridad social.
Ricardo Núñez, el fiscal a cargo de la investigación, dijo que no descartaba más arrestos y que Zelaya está detenido en dependencias militares en Tegucigalpa.
El gobierno de Honduras ofreció en marzo 50,000 dólares a quien ofreciera información sobre el paradero de Zelaya.
El líder de la bancada en el Congreso del gobernante Partido Nacional, Óscar Álvarez, indicó que «con esto se demuestra que el gobierno trabaja contra la corrupción sea quien sea la persona» pero añadió que si en verdad estaba en la nación vecina ingresar a ese país y «sustraerlo sería una violación a los tratados internacionales y la soberanía de Nicaragua».
Zelaya, médico ortopedista de 46 años, fue director del Instituto Hondureño de la Seguridad Social durante la administración del presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y se encontraba prófugo desde enero.
Está acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos, cohecho, lavado de activos y fraude.
Según el Ministerio Público, se habría gastado de manera fraudulenta al menos 120 millones de dólares provenientes de la caja destinada a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y el pago de pensiones de vejez e invalidez.
El importe de los fondos desviados podría alcanzar los 210 millones de dólares, según el Ministerio Público.
El sistema se basaba en una sobrevaloración de los productos y servicios requeridos por la seguridad social hondureña con sobreprecios de más de 100% a empresarios locales que a su vez pagaban comisiones a los funcionarios y al menos a un partido político que el Ministerio Público no ha querido revelar.
Se compraron ambulancias en 700,000 dólares la unidad cuando valían mucho menos de la mitad, camas hospitalarias que se pagaban a 50,000 dólares cuando su costo real no alcanzaba los 5,000 o servicios informáticos que nunca se prestaron y medicamentos no sólo de precios inflados sino inservibles.
El Ministerio Público informó de que se investiga a unos 400 funcionarios por estos delitos, incluyendo a la junta directiva del Instituto, en total 18 personas entre las que se encuentran exministros y diputados, está bajo investigación.
Los funcionarios fueron nombrados por la administración del presidente Lobo y eran miembros o cercanos al Partido Nacional.
Por el caso también se encuentran detenidos los ex viceministros de Salud, Javier Pastor, y de Trabajo, Carlos Montes y el gerente administrativo de la institución José Ramón Bertetty.
Desde la fuga de Zelaya las autoridades hondureñas se han incautado de propiedades inmobiliarias tanto en Honduras como en Chile que presuntamente fueron adquiridas por el exfuncionario con dinero público y estaban a nombre de testaferros. También se han identificado dos casas en California y dos en Florida a su nombre.
El lunes 31 de esas propiedades fueron puestas en subasta por la administración que gestiona los bienes decomisados por un valor total de ocho millones de dólares.
Los testaferros de Zelaya también gastaron más de dos millones de dólares en 20 vehículos blindados.
Para Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional, Zelaya es «el rostro más visible de la corrupción enorme en el país» y estimó que «debe tener información sobre las empresas vendedoras y proveedoras». Exigió que «quienes sobrevaloraron bienes y servicios, rindan cuentas y devuelvan el dinero».
Mauricio Villeda, líder del opositor Partido Liberal, declaró que espera «que no le pase nada a la persona detenida para que pueda rendir cuentas y decir lo que sabe».
