Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
El otrora diputado y candidato presidencial, Enrique Quiñonez, ha prolongado su polémica con autoridades de transportes de Costa Rica, alegando (aparente) atraso en la homologación de permisos nicaragüenses para que su empresa de servicio de transporte de pasajeros entre los dos países, Nicabus, empiece a operar.
Por medio de la apoderada especial de Nicabus en este país, Karla Vanessa Rodríguez Martínez; Quiñonez pidió a la contraloría de servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una apertura de proceso administrativo de investigación interna al Departamento Asuntos Jurídicos del Consejo de Transporte Público (CTP), dependencia de ese ministerio.
En la solicitud Rodríguez alega “estancamiento injusto y desproporcionado en la tramitación del expediente de Nicabus” en el CTP, cuyos trámites de operación los inició la empresa hace dos años.
Esto, a pesar que el propio Quiñonez reconoció que adquirió los 4 autobuses para reabrir su empresa en octubre del año pasado y presentó al CTP los permisos nicaragüenses, indispensables para la homologación y girados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), hasta mediados de este año; luego de tramitar la inscripción de placas en Nicaragua y a tres de ellos les adaptó la rampa para el abordaje de discapacitados.
Dos permisos de operación de Nicaragua, las unidades con placas M – 210699 y M – 210702, se presentaron al CTP para homologarse de manera permanente en el mes de junio de 2014. Los otros dos temporales, placas M- 210701 y M- 210700, fueron presentados en julio con fecha de emisión en Nicaragua de agosto 2014, un mes adelantado.
El adelanto en la fecha, según Quiñónez, es para evitar que el permiso expirara, pero este detalle es considerado como anomalía por las autoridades costarricenses.
“Seguimos esperando del Consejo Transporte Público nos notifiquen si hay alguna inconsistencia en la documentación presentada o la homologación de nuestros permisos”, se ha quejado Quiñonez.
El CTP, por medio del despacho de prensa, evitó polemizar. “Por el momento el CTP no se va a referir y seguirá con el proceso”, respondió la periodista de esta dependencia, Angie Menesses. La directora de asuntos jurídicos del Consejo de Transporte Público, Sidia Cerdas, ordenó a esa área responder en diez días hábiles a partir del 5 de septiembre, a la petición de Nicabus de investigar.
Al no poder reabrir el servicio de su empresa, Quiñonez dice que ha tenido pérdidas económicas, porque hizo la inversión mediante préstamos bancarios en Nicaragua. “Yo veo mano pachona en las largas que me vienen dando”, indicó el polémico político nicaragüense.
