Emiliano Chamorro
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se reunieron en Managua, para pronunciarse oficialmente sobre la reglamentación de la Ley 779.
En la polémica reglamentación, la Iglesia aparece facultada para auxiliar a las autoridades policiales, judiciales y Fiscalía, en la aplicación de la Ley 779 o Ley Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
El cardenal Leopoldo Brenes, dijo que la Conferencia solicitará una reunión con el poder el legislativo, para esclarecer la reglamentación a la ley 779, donde se habla específicamente sobre el papel que la iglesia tendría en la mediación en los casos de violencia intrafamiliar.
Brenes dijo también que buscan aclarar cuáles son las iglesias que tendrían este rol, ya que la ley no es especifica en este punto.
Según una fuente, los obispos se reunieron para dar a conocer una posición oficial sobre la reglamentación que ha sido rechazada por amplios sectores eclesiales, políticos y sociales.
El decreto número 42-2014, que reglamenta la Ley 779, incorpora a las pastorales familiares y líderes religiosos entre las consejerías familiares en la comunidad o consejerías comunitarias, junto a los Gabinetes de Familia, comunidad y vida, para trabajar en coordinación con el Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez (artículo 9).
En el artículo 46 del reglamento de la Ley 779 se incorpora a las pastorales religiosas y religiosos como parte de las expresiones comunitarias, en calidad de auxiliares de la Comisaría de la Mujer y de las otras delegaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público para la adopción de medidas precautelares.
En el artículo 48 se considera a los religiosos como auxiliares de la Policía y del Ministerio Público, para verificar los factores de riesgo que facultan para la detención policial de los denunciados.
Monseñor Silvio Fonseca, vicario de pastoral, familia y vida de la Arquidiócesis de Managua, calificó el reglamento de la Ley 779 como un abuso estatal sin precedentes en la historia eclesiástica de Nicaragua, por incluir a la Iglesia para que actúe como “policía voluntaria”, auxiliando a las autoridades en los problemas de familia.
El secretario general del Episcopado, monseñor Silvio Báez, manifestó recientemente que «(incluir) a la iglesia en el reglamento a la Ley 779: (es una) solapada manipulación de la religión y atentado a la laicidad del Estado».
