Humberto Belli Pereira
Nicaragua opera a veces al revés: invierte un alto porcentaje de su presupuesto educativo en graduar licenciados que sufren altas tasas de desempleo o subempleo, pues sus habilidades no tienen gran demanda y crean poco valor agregado, mientras gasta poco y mal en formar técnicos con destrezas que sí son demandadas por las empresas y que son vitales para el crecimiento del país.
Esto fue constatado hace poco por un equipo de estudiantes de la Universidad de Oxford: el 56 por ciento de los gerentes de recursos humanos que entrevistaron señalan la falta de habilidades laborales como su principal problema a la hora de contratar jóvenes. Paradójicamente, mientras muchas empresas boquean por encontrar técnicos competentes en soldadura, refrigeración, mantenimiento industrial o electrónica, millares de jóvenes desempleados deambulan por las calles, pero el Gobierno, en lugar de equiparlos para aprovechar la demanda, gasta millonadas en graduar abogados dedicados al comercio, contadores que conducen taxis, administradores de empresas convertidos en cajeros, técnicos en hotelería sacando fotocopias.
¿Qué explica este absurdo? ¿Por qué, mientras el 6.4 por ciento de nuestros estudiantes se enrolan en la universidad, solo el 0.6 por ciento lo hace en educación técnica? ¿Por qué solo el dos por ciento de los setenta mil bachilleres que graduamos anualmente escoge este tipo de educación? Y no solo eso; ¿por qué el 72 por ciento que lo hace prefiere la rama de comercio y servicios (contabilidad, secretariado ejecutivo, sector salud, administración, etc.), que están relativamente saturadas y no las de industria, construcción y agricultura, que están más que ansiosas por contratar habilidades técnicas, manuales y específicas?
El problema en parte es cultural; nuestros bachilleres ven más prestigioso ser licenciados que técnicos, inconscientes quizás del riesgo de terminar como buseros. Pero es también estructural; el Estado prioriza a la educación superior y maneja ineficientemente el sistema educativo. El seis por ciento que otorga a la educación superior —porcentualmente el más alto de la región— comprime los fondos disponibles para los demás subsistemas y los condena a la mediocridad. Los centros técnicos estatales pagan a sus docentes menos de lo que ganan sus egresados, lo que garantiza que enseñen los menos competentes; sus laboratorios son obsoletos, no evalúan sus programas y no ofrecen carreras o currículos en atención a lo que demanda el sector privado. De aquí que la tasa de empleo de sus egresados sea 4 o 3 veces más baja que la de centros vocacionales privados.
Finalmente, la gratuidad con que operan las universidades públicas hace que estudiar para licenciado cueste igual o menos que estudiar para técnico. ¿Por qué elegir entonces la alternativa con menor estatus? A esto se añade la sobreabundancia de universitarios desempleados y, por tanto, baratos, lo que hace que las empresas prefieran contratar a licenciados en contabilidad o ingenieros, en vez de técnicos en dichas ramas.
Urge corregir estas anomalías. El Gobierno tiene la obligación ética de racionalizar el gasto educativo y rescatar a una juventud cuya tasa de desempleo supera el 17 por ciento y la del subempleo el 49 por ciento. Haciéndolo promovería también la competitividad del país, la productividad y las inversiones, tan vitales para nuestro crecimiento.
Un paso lógico para lograrlo sería transferir parte del seis por ciento universitario a la educación técnica, pero lo impide la Constitución. Queda entonces la posibilidad de que el CNU (Consejo Nacional de Universidades) asuma la tarea de suministrar docentes técnicos y que el Gobierno y el sector privado exploren patrióticamente la posibilidad de manejar conjuntamente el sector. Mucho se puede hacer. Lo que no puede permitirse es que millares de jóvenes sigan hundidos, sin empleos dignos, solo por falta de voluntad política. Es hora de que flote el corcho.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación
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