Hjalmar Ruiz Tückler *
En los últimos años, el Estado ha asumido nuevas funciones reglamentarias y creado o modificado instituciones reguladoras y de promoción de la competencia, así como del fomento del emprendimiento y del dinamismo empresarial. La gestión pública en el funcionamiento de una economía de mercado se debe a diversas razones. En el caso de legislación y política en materia de competencia, los principales objetivos de la intervención pública son solucionar las disfunciones del mercado, limitar los abusos de poder de mercado y mejorar la eficacia económica.
La intervención pública puede tener otros objetivos. Un Gobierno puede adoptar normas y políticas que limitan la participación de capital o empresas extranjeras con miras a crear o mantener una industria nacional. Este tipo de intervención puede limitar deliberadamente la competencia y comprometer la eficiencia económica en favor de otros intereses públicos.
El Estado interviene desde hace mucho tiempo para preservar y fomentar el funcionamiento de los mercados abiertos a la competencia. Muchos precedentes útiles de políticas de competencia se han desarrollado en los Estados Unidos, donde el término “política antimonopolio” se utiliza para referirse a lo que suele denominarse política en favor de la competencia en otros países. El término antimonopolio alude al combate contra un antiguo tipo de conducta contraria a la competencia de los propietarios de distintas empresas con poder para dominar conjuntamente un mercado. Intentaron aumentar los precios, restringir el suministro de los servicios y adoptar una serie de medidas que reducían la competencia y la oferta de servicios.
A fin de eliminar los efectos negativos de las prácticas antes descritas, los Estados establecieron políticas de competencia que se basaban generalmente en dos formas distintas de intervención pública. El primer tipo tiene que ver con los comportamientos: El Estado intenta modificar la conducta de una empresa concreta o un grupo de empresas, reglamentando sus actividades. La regulación de precios es un ejemplo de esta intervención; otros, las prohibiciones de prácticas o acuerdos de colusión, y las disposiciones que obligan a interconectar las redes de competidores.
La segunda forma de intervención es estructural y afecta, por tanto, a la estructura del mercado de telecomunicaciones. Por ejemplo, el sector público puede intervenir para impedir la fusión de los dos operadores de redes más importantes de un país. Asimismo, se puede obligar a un proveedor dominante a que separe sus operaciones creando al efecto empresas independientes o a que renuncie a ciertas actividades comerciales. La desinversión de AT&T en 1984 en los Estados Unidos es un conocido ejemplo de esto último.
No obstante, la intervención gubernamental en los mercados requiere generalmente una cierta flexibilidad y capacidad para definir normas y principios, atendiendo a las condiciones específicas del mercado. En algunos casos, las normas de competencia se pueden formular como prohibiciones explícitas (por ejemplo contra los acuerdos de fijación de precios). En muchos casos, sin embargo, se formulan normas favorables a la competencia; de forma que es posible aplicarlas con flexibilidad. Por ejemplo, la discriminación de precios no es siempre improcedente y por lo general se prohíbe solo cuando es contraria a la competencia. La política de competencia tiende a controlar los abusos de poder de mercado y a impedir que una empresa fuerte obligue a salir del mercado a sus competidores. Sin embargo, la protección de la competencia y la práctica más problemática de proteger a cada competidor da lugar a tensiones, que son particularmente evidentes en la reglamentación del sector de las telecomunicaciones durante los periodos de transición, es decir, desde el momento en que se introduce la competencia hasta aquél en que ésta se consolida.
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