La semana pasada, en el municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega, fueron encontradas en una letrina 27 cédulas de ciudadanos jóvenes, probables votantes de la oposición. Pero esta no es la primera vez que en sitios como ese se encuentran cédulas de identidad que de manera deliberada no les son entregadas a los ciudadanos solicitantes.
En realidad, la ineficiencia burocrática y el abuso político en el manejo de la cedulación es el mayor problema del actual sistema electoral de Nicaragua, después de los fraudes para perpetuar en el poder a Daniel Ortega. Por eso es que una demanda básica de los sectores democráticos es que la cedulación esté a cargo de un instituto autónomo, integrado por personas independientes y honorables.
Esas fallas fundamentales del Consejo Supremo Electoral (CSE) son bien conocidas y no solo en el país, sino también internacionalmente. Sin embargo, su presidente, Roberto Rivas Reyes, fue la semana pasada a República Dominicana para dictar una conferencia sobre cedulación, porque según dicen los medios oficialistas, Nicaragua es líder en la emisión de documentos de identidad seguros y el señor Rivas Reyes tiene una gran experiencia en ese campo y, en general, en la conducción de procesos electorales.
Lo que habrán querido decir es que el CSE de Nicaragua tiene mucha experiencia en la manipulación maliciosa del otorgamiento de cédulas y sobre todo en la realización de elecciones fraudulentas, pues lleva cuatro fraudes electorales consecutivos, entre ellos el de 2008, considerado como el mejor documentado de la historia nacional.
Para desmentir la falacia de que el sistema de cedulación de Nicaragua es el más seguro de la región, basta recordar los escándalos por el otorgamiento de cédulas a miembros prominentes del crimen organizado internacional, como el costarricense Alejandro González Jiménez, alias “Palidejo”, autor intelectual del asesinato del artista argentino Facundo Cabral; y el colombiano Alberto Bermúdez, alias “El Cojo”, alto miembro de la agrupación armada narcoterrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y recordar también el sonado caso del magistrado suplente del CSE que fue condenado a prisión por tramitar y facilitar cédulas para narcotraficantes internacionales.
En cuanto a la supuesta eficiencia del CSE orteguista en la cedulación, esta falacia queda desmentida con solo rememorar la información que Ética y Transparencia ofreció en el año 2012, de que unos novecientos mil ciudadanos no contaban en ese momento con su cédula de identidad y que “solo en 2011, se estima que aproximadamente unas doscientos mil personas no pudieron obtener su documento de identidad debido a que la mitad realizó trámites por primera vez, el resto debido a la cedulación partidaria y otra serie de irregularidades cometidas en el poder electoral”.
De manera que si algo habrá podido enseñar Roberto Rivas en República Dominicana, adonde fue invitado por la Cámara Electoral de ese país y disertó ante un selecto auditorio que incluía a varios presidentes de otros tribunales electorales de la región, es cómo manipular el otorgamiento de las cédulas a los ciudadanos, cómo ejecutar fraudes electorales grandes y pequeños y cómo se arrojan a la letrina no solo las cédulas de los ciudadanos opositores, sino todo el sistema electoral de un país.
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