La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente la iniciativa de Ley de Modificación al Presupuesto General de la República, la cual será aprobada entre hoy y mañana por el plenario legislativo.
La reforma al Presupuesto ha sido dispuesta por el Gobierno, ante la caída en la recaudación y la falta de otros recursos que se habían previsto cuando se formularon las proyecciones presupuestarias, por lo cual se reducirá el gasto público de este año en tres mil millones de córdobas, equivalentes a unos 114 millones de dólares. Pero no hay consenso con la reforma presupuestaria. Más bien la oposición anunció que votará contra ella en el plenario, porque las reducciones determinadas por el Gobierno y acatadas sin discusión por los diputados oficialistas afectan rubros sociales sensibles, como los de Salud, Educación y financiamiento de viviendas populares, mientras se reduce muy poco o se dejan igual gastos gubernamentales menos importantes, incluso innecesarios o que representan un despilfarro de los limitados recursos públicos.
Aunque la Ley del Presupuesto es la norma madre de la gestión pública, reformarla para reducir el gasto del Estado no significa nada anormal, ni escandaloso. Por el contrario, la disminución del gasto público es una imperiosa necesidad y constituye un acto de responsabilidad gubernamental, cuando las cuentas del Estado no cuadran porque se han reducido los ingresos o porque estos no aumentarán —por las razones que sean— en el monto que se calculó cuando el Presupuesto fue aprobado varios meses atrás. Como dijera el diputado orteguista que preside la comisión que ha dictaminado la iniciativa de ley de reforma presupuestaria, para justificarla, cuando se reduce la expectativa de crecimiento de los ingresos se tienen que ajustar los gastos.
En realidad esa es la conducta correcta y responsable y no solo en el Estado, sino también en el ámbito familiar y de las personas en particular, pues no es sano, ni prudente gastar más de lo que se produce, de lo que se gana, ni de lo que se puede amortizar y pagar por los créditos de financiamiento. Lo malo y escandaloso —como lo han denunciado los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional y los economistas y expertos tributarios en la sociedad civil— es recortar los gastos en rubros de máximo interés social dejando intactas asignaciones para gastos secundarios e incluso superfluos. Lo cual es precisamente lo que está haciendo el Gobierno, avalado por los diputados oficialistas, con la reforma presupuestaria que aprobarán esta semana en la Asamblea Nacional. Y esto es lo que hace de la presente modificación presupuestaria una reforma perversa, antisocial, no el hecho en sí de recortar los gastos porque los ingresos no ajustan para financiarlos.
Cabe señalar finalmente que tampoco es censurable que el Gobierno consensúe la reforma presupuestaria con la empresa privada. Lo malo es que no se busque el mismo consenso también con la oposición parlamentaria y con los demás sectores políticos, gremiales y de la sociedad civil, que son tan importantes como los empresarios.
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