Elízabeth Romero y Luis Eduardo Martínez
De forma sorpresiva el poder judicial trasladó la causa de Matagalpa a Managua en el caso de los primeros cuatro sandinistas vinculados con la masacre del 19 de julio por tirar piedras. “Es una maniobra a lo grande”, dice Gonzalo Carrión, del Cenidh.
CARRIÓN: “ESTAMOSFRENTE A UNA FARSA”
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, sostuvo que “estamos frente a una farsa (…). No estamos conociendo la verdad de lo que pasó el 19 de julio, por eso hemos estado insistiendo que no nos escondan la verdad (…). Por eso la importancia de un proceso transparente”.
“¿Cuáles son las motivaciones para sacar de Matagalpa el caso?”, preguntó Carrión, quien señaló que la competencia judicial no se puede trasladar a otra ciudad y no pueden alegar razones de territorio, pues la acusación es parte de una misma causa.
Carrión consideró que esta “maniobra” responde a “una decisión política” que jurídicamente “es improcedente”. Al tiempo que señaló que “tan dolorosa es la masacre, como nefasta la forma en que se está administrando el caso”.
Según la página del poder judicial, las diligencias dispuestas por el juez de Audiencia de Matagalpa contra Juan José y Gregorio Torres, Erick Antonio Salgado y el transportista Walter Balmaceda fueron radicadas en el Juzgado Sexto de Audiencia de Managua.
Esta situación de ilegalidad en la detención de los siete mencionados podría derivar en una nulidad del proceso, pues las mismas autoridades del sistema de justicia se han encargado de introducir vicios al proceso, aseguró el abogado del Cenidh, Norwin Solano.
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El abogado del Cenidh, Norwin Solano, dijo que en este caso “se está ante personas que son víctimas de indefensión”.
Mientras tanto, familiares de algunos de los ocho presos señalados por la Policía como autores materiales de la masacre del 19 de julio pidieron explicaciones a las autoridades policiales sobre el porqué sus parientes siguen sin ser acusados.
“La primera comisionada Aminta Granera literalmente expresó que el expediente investigativo ya había sido remitido al Ministerio Público y desde entonces los familiares estamos aquí bajo sol, bajo lluvia, esperando, porque estas personas también tienen derechos”, dijo Yohania Gutiérrez, hermana de Eddy Gutiérrez, uno de los detenidos.
“Queremos saber qué pasa”, apuntó Gutiérrez.
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JUEZ Y ACUSADOS SON SANDINISTAS
Esto ocurre cuando los cuatro mencionados (sandinistas) fueron procesados justamente porque forman parte de una acción delictiva ocurrida en Ciudad Darío, que fue el ataque a la primera caravana de simpatizantes orteguistas que terminó con el crimen de cuatro personas. Por tanto ese delito se consumó en el kilómetro 76 de Ciudad Darío, que es jurisdicción de Matagalpa.
Para Carrión la división del caso es “un absurdo”, pues los primeros acusados por la masacre son “un eslabón de todo el caso”.
A través de una resolución dictada el 9 de agosto a las 10:20 de la mañana, el juez Segundo de Distrito Penal de Juicio de Matagalpa, el sandinista Bernardo Morales Mairena, se declaró incompetente por razón de territorio.
“MANIOBRA POLÍTICA”
“Responde a una maniobra que por supuesto no es propio a lo que sería la independencia del poder judicial. Esta maniobra es política”, insistió el defensor de derechos humanos, que según dijo, en derecho es considerado antijurídico y en términos de procedimiento, “improcedente”.
“Esta decisión oscurece más el tema”, dijo Carrión.
Ellos estaban siendo procesados en Matagalpa por los delitos de conspiración y proposición para la comisión de crimen organizado, asesinato y lesiones gravísimas, delitos relacionados con el atentado contra la caravana sandinista en El Carmen, municipio de Darío.
En su resolución, el juez Morales considera que según la teoría del delito, “los hechos consumados de conspiración y proposición para asesinar se ejecutan y consuman en la ciudad de Tipitapa”.
Las cosas empezaron a enrarecerse más todavía, porque desde un inicio los familiares de los sandinistas alegaron su inocencia, recordó Carrión. Y es que tras ocurrida la masacre la primera sorpresa del caso fue que la Policía había detenido a cuatro sandinistas, dos de ellos militantes.
En la masacre del 19 de julio murieron cinco personas: Mirna Argentina Benavides Gómez, Esther Lidia Vásquez Barrera, Germán Martínez, Jader Francisco Sáenz y Yessi Talavera Galeano, este último, en San Ramón. Otras 24 resultaron heridas.
El 7 de agosto, cuando la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, presentó a los otros acusados que son considerados opositores al régimen, no explicó la relación entre estos y los sandinistas.
EL ARGUMENTO DEL JUEZ
En su resolución, Morales aduce que “según la teoría fáctica del Ministerio Público, los hechos consumados de conspiración y proposición para asesinar, se ejecutan y consuman en la ciudad de Tipitapa, cuando los sujetos acusados en esta causa, se reúnen por el sector de La Gallera de esa ciudad, donde además de ejecutarse los actos de planificación y distribución de tareas, determinan iniciar la acción delictiva que culminan en el territorio de Matagalpa”.
Carrión consideró como “otro error”, el hecho de que la causa haya sido trasladada ante un juez de Managua, cuando Tipitapa cuenta con un juez de Distrito.
“Esto es una barbaridad porque Tipitapa tiene su propio juez de Distrito”, sostuvo Carrión, quien consideró que con esto el poder judicial “ensombrece” el proceso.
NI SIQUIERA FISCALÍA PIDIÓ TRASLADO DE CAUSA
A través de un escrito presentado este 11 de agosto, Carlos Baltodano Méndez, defensor de Balmaceda y Salgado, pidió la reposición del autodictado por Morales, a quien le señala que “está realizando una interpretación extensiva y antojadiza de la Ley”, lo que a criterio del abogado defensor, constituye el delito de prevaricato. Además le recuerda que “ni la Fiscalía” solicitó la excepción de incompetencia.
Antes de ese escrito, Baltodano había solicitado una audiencia especial de declaración de sobreseimiento definitivo “por falta de participación” a favor de sus representados, considerando que en la conferencia de prensa que ofreció el 8 de agosto recién pasado, la primera comisionada Aminta Granera “jamás pudo relacionar con estos actos (la masacre del 19) a mis defendidos”.
¿Y LA COLUSIÓN DE LOS TIRAPIEDRAS CON LOS QUE DISPARARON?
Mientras tanto, Darlin Antonio Obando, defensor de los hermanos Torres, calificó como “equivocada” la resolución de Morales, porque estima que “la conspiración y la proposición no se consuman hasta que supuestamente se producen las pedradas a los buses, es decir, el hecho es competencia de Matagalpa”.
Obando consideró que las autoridades ahora “tienen un gran problema”, señalando que “la tesis ha sido siempre que las personas que supuestamente tiraron piedras estaban coludidos con los que dispararon para efectos de retener la marcha de los vehículos y que los últimos pudieran disparar, cosa que divorció totalmente la jefa de la Policía al establecer que un caso con el otro no tienen ninguna vinculación”.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
