Martha Vásquez y Elízabeth Romero
Las capacitaciones sobre la aplicación del reglamento que modifica a la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres a funcionarios públicos empezaron ayer en un hotel capitalino, donde no hubo acceso a medios no oficialistas.
Fiscales especializados en violencia fueron sacados de sus audiencias programadas porque debían asistir al “taller”, tal fue el caso del fiscal del Juzgado Primero de Violencia de Managua quien tenía programada una audiencia inicial por femicidio.
“Pospusieron la audiencia para el 15 de agosto porque los fiscales se fueron a seminario para ver lo nuevo de la Ley 779”, dijo Marlon Quiroz, hijo de quien en vida fuera Mercedes Reyes, quien fue ultimada por su sobrino Norvin Miranda Reyes.
A esto agrega que Ortega reglamentó la Ley fuera del plazo legal, pues debió hacerlo sesenta días según el artículo 150, inciso 10 de la Constitución Política de la República, lo que lo vuelve “ilegal”, reza el texto.
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Quirós esperaba la audiencia inicial para quien mató a su progenitora mientras dormía, según acusación de la Fiscalía, y expresó que no está de acuerdo con que beneficien a Miranda por el cambio de la tipificación del delito. “Yo pido la pena máxima porque mi mamá lo crio a él como a un hijo”, recalcó Quiroz.
En el taller de aleccionamiento participaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la primera comisionada Aminta Granera, fiscales y autoridades del Ministerio de la Familia.
REGLAMENTO FAVORECE A AGRESORES
Según Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo fundamental del nuevo reglamento de la Ley 779, que fue publicado fuera del tiempo estipulado por la Constitución Política y de forma ilegal modifica a la Ley que reglamenta, es la inclusión de los Consejos de Familia para mediar en casos de violencia entre el hombre y la mujer y brindar consejería y la interpretación de la figura del femicidio, reduciéndola a relaciones de parejas.
Además deja establecido que los hombres que cometen delitos menos graves contra la mujer, como intimidación y amenaza, lesiones psicológicas leves y lesiones físicas leves no deben ser apresados porque son delitos que se pueden mediar, dijo Solís.
“Existen 2,890 hombres detenidos por violencia contra la mujer, eso representa el 36 por ciento de los ocho mil detenidos que existen a nivel nacional. Llama la atención que hay casi dos mil presos por situaciones que pueden ser mediadas, el hombre no cometió nada grave; sin embargo está en la cárcel”, dijo Solís a un medio oficialista.
Solís aclaró que estas nuevas disposiciones ya las habían hablado entre magistrados de la Corte porque era posición compartida entre Policía y Fiscalía, “pero había que esperar que el presidente tomara esa decisión en un reglamento y la estamos apoyando”, enfatizó el funcionario.
Para Solís, el reglamentó no modificó la Ley 779 porque todos los demás delitos, a excepción del femicidio, quedan como están.
“Mentira, el reglamento no modifica la Ley, no contraviene los convenios internacionales, cada país debe acomodarlo de conformidad con sus propias costumbres y valores”, dijo Solís.
Según Solís, el reglamento también da la oportunidad al hombre de hacerse su dictamen médico porque puede ser que sea enfermo mental. “Estos ajustes son necesarios para mantener la unidad de familia en el país”, recalcó Solís.
Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, señaló que el tema de femicidio está claro en la Ley, lo que es restringido por el reglamento. “Está totalmente modificado”, sostuvo Rodríguez. Esa organización sentará su posición hoy.
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