Elízabeth Romero
Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas (Ieepp) sobre el ordenamiento jurídico existente en siete países de la región sobre el delito de trata de personas determinó que Nicaragua, pese a que no cuenta con una ley específica, es donde los casos terminan en sentencias.
El investigador del Ieepp, Gerardo Bravo, manifestó que en los análisis realizados encontraron que en otros países de la región son investigados los casos vinculados con este delito, pero los mismos no concluyen.
Mireya Zepeda, investigadora del Ieepp, por su parte, explicó que el proyecto fue impulsado con el objetivo de identificar si los países del área tipifican el delito de trata de personas de acuerdo con los tratados internacionales. El estudio determinó que en algunos países obviaron algunas recomendaciones del protocolo de Palermo referente a la atención y protección de las víctimas. Y Nicaragua y El Salvador son los dos países que no cuentan con una ley específica.
En Nicaragua la ley está en discusión en el parlamento, pero la tipificación del delito fue reformada con la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en la que fue incluida la explotación sexual, explotación laboral, servidumbre, embarazos forzados, extracción de órganos, entre otros.
A consideración de Zepeda, es importante tener un ordenamiento jurídico que no solo regule o tipifique el delito, sino que ofrezca otras medidas, como protección a las víctimas, registro del delito, entre otros. En el país los jueces no mandan el reparo a las víctimas, que requeriría del embargo a los bienes de los hechores.
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