El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) realizó un estudio sobre La impunidad de las violaciones a los Derechos Civiles y Políticos en Nicaragua (2007-2013), en el que se destaca la violación al derecho de elegir y ser electo, además de las irregularidades que se han cometido en los últimos comicios realizados en el país.
Entre los señalamientos está la falta de transparencia de los procesos electorales desde 2006.
El poder electoral no brindó resoluciones favorables a los recursos interpuestos por partidos opositores, ya sean estos por corrección aritmética, donde se manipularon los datos a favor del Frente Sandinista.
El Cenidh agregó que en los últimos procesos electorales que se han realizado en el país —a partir de 2006— el poder electoral no divulga los resultados obtenidos por cada Junta Receptora de Votos, como lo manda la Ley Electoral.
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Gran cantidad de votantes opositores son sacados de su padrón electoral correspondiente y los ubican en Juntas Receptoras de Votos alejadas para evitar que emitan su derecho al sufragio.
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Además se crearon diversos mecanismos para favorecer al Frente Sandinista, como la entrega parcializada de cédulas de identidad y la elaboración, aprobación y modificación del calendario electoral a la medida del partido rojinegro.
También señalan el mantenimiento de personería jurídica a micropartidos aliados del Frente Sandinista, otorgándoles funciones de presidentes electorales departamentales y municipales.
Otra violación de derechos políticos fue la “no entrega” o “entrega tardía” de las acreditaciones de los fiscales de los partidos políticos opositores.
Estos mismos fiscales en muchos de los casos fueron expulsados de los recintos electorales, expresa el informe presentado por el Cenidh. Esto se hizo con el fin de alterar las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Falta de depuración al padrón electoral
El estudio del Cenidh también expone la falta de depuración del padrón electoral, donde no se había dado de baja a los nicaragüenses fallecidos.
También se denunció la negación al derecho de observar el proceso electoral, violentando así el artículo 10 de la Ley Electoral. En lugar de eso se sustituyó por la figura de “acompañamiento electoral”, que se le otorgó nada más a entidades del Estado y “organismos no independientes y sesgados partidariamente al Frente Sandinista.
Durante las campañas electorales, el Cenidh observó el uso de cuantiosos recursos del Estado a favor de los candidatos del partido en el gobierno. La Fiscalía electoral se ha negado a investigar todas estas denuncias.
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