Luis E. Martínez/ Matagalpa
Las autoridades policiales no confirman, ni niegan haber hallado las armas con las que presuntamente se cometió el atentado del pasado 19 de julio.
A través de un autodictado el jueves 31 de julio, el juez considerado como “cuadro de alta confianza” dentro del Frente Sandinista en Matagalpa, dice que “desconoce si efectivamente se le está cercenando el alcance al ejercicio de la defensa (…), así como no es de mi conocimiento que se estén practicando actos de investigación en los que no se esté otorgando intervención a la defensa (…)”.
En la misma providencia, el juez ordena girar oficio al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en Matagalpa para que permita a Baltodano “entrevistarse con sus representados, brindándole todas las facilidades para la comunicación libre, privada y personal con las personas que defiende”.
El defensor cree que el juez “está jugando” con su inteligencia porque le dice donde están presos los acusados —sabiendo que no están en Matagalpa— y en el autodictado le dice a Baltodano “que haga uso de sus derechos conforme con la ley de amparo vigente”.
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Aunque vecinos de la comunidad Las Pilas, Ciudad Darío, confirmaron que desde el pasado miércoles la Policía habría encontrado las armas que se usaron en la masacre de El Carmen, kilómetro 76 de la Carretera Panamericana, el vocero policial, comisionado Fernando Borge, dijo que la Policía está investigando y “no puedo brindar detalles para no entorpecer la investigación”.
Borge no negó, pero tampoco confirmó la información, mientras que el comisionado mayor y jefe departamental de la Policía de Matagalpa, Ramón Calderón, dijo que él no podía confirmar información que no había brindado.
Dos escopetas y un fusil AK estaban en un saco junto a un árbol en la finca conocida como San Mateo, a poca distancia del sitio del ataque contra la caravana, según confirmó José Ignacio Berríos Mendoza, quien cuida esa propiedad.
DOS SEMANAS DE DOLOR
Han sido dos semanas de sufrimiento y temores para la familia Torres Espinoza en la árida comunidad Las Pilas, al sureste de Ciudad Darío, Matagalpa, desde que dos de sus miembros fueron arrestados porque presuntamente contribuyeron con la ejecución de una de las dos emboscadas contra sandinistas el 19 de julio recién pasado.
Gregorio Torres Molinares lamenta que desde entonces no ve a sus hijos Juan José y Gregorio Torres Espinoza y el 24 de julio, cuando tuvo oportunidad durante la audiencia preliminar que enfrentaron los jóvenes, quiso asomarse, pero un numeroso grupo de periodistas se lo impidió. Además, él tuvo que regresar de inmediato para asistir a su esposa, Antonia Espinoza Manzanares, quien le acompañaba, porque ella cayó desmayada en la reducida sala judicial.
“Quisiéramos verlos y que nos los entreguen porque no son culpables”, dice Torres Molinares, indicando que su esposa “está bien decaída” y luego se aproxima para mostrar más de un centenar de firmas de vecinos de Las Pilas, quienes creen en la inocencia de los procesados.
Mientras eso ocurre en el Juzgado, allá en Las Pilas, seis kilómetros al este de El Carmen, donde ocurrió el atentado contra la caravana sandinista —en la que murieron cuatro personas y 22 resultaron heridas— nadie cree que los hermanos Torres hayan participado lanzando piedras para contener la marcha de los vehículos y que otros “desconocidos” atacaran a balazos, como imputa la Fiscalía.
“Son sandinistas”, afirma Carlos Rubén Loáisiga Martínez, conocido en el lugar como “Alacrán”, contando que ese es un apodo viejo que le puso un expatrón y lamentando que los hermanos Torres estén presos luego de que “casi los queman” por andar “protegiendo los votos” sandinistas durante las últimas elecciones en el centro de votaciones de la vecina comunidad Las Calabazas.
Rubén Antonio Loáisiga Flores, padre de “Alacrán” dice que “estos muchachos (Torres Espinoza) son bien humildes y por eso los están metiendo en eso, se las están montando”.
Misael Suárez Bracamonte interrumpe recordando que los hermanos Torres “siempre han sido sandinistas. Si cuando Daniel (Ortega) salió electo, este señor que es bien pobre (Torres Molinares) mató una vaquita que tenía para celebrar y comérsela con la gente. Ni ‘Chulín’ (como le dicen al designado alcalde orteguista de Darío, Ángel Cardoza) que tiene reales haría algo así”.
“Pero, así les pagan a estos muchachos que nada hicieron”, interrumpe Loáisiga Martínez.
Los hermanos Juan José y Gregorio Torres Espinoza están siendo procesados junto con Erick Antonio Salgado González y el transportista Walter José Balmaceda Ruiz como presuntos coautores de conspiración y proposición para la comisión de los delitos de crimen organizado en concurso real de asesinato y lesiones gravísimas.
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