El presidente estadounidense, Barack Obama, recibió el miércoles el apoyo de congresistas hispanos para aprobar un millonario paquete de emergencia destinado a atender la oleada de inmigrantes clandestinos, pero otros legisladores advirtieron de los altos costes que genera esta crisis.
El Caucus Hispano, que reúne a 26 legisladores -un senador y 25 congresistas- demócratas latinos, expresó su apoyó a «actuar rápidamente» para aprobar los fondos especiales requeridos por la presidencia durante una reunión con Obama y el vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca, según un comunicado del grupo.
Obama «enfatizó la urgencia» de aprobar la iniciativa que entregó al Congreso la semana pasada y que calificó como un «enfoque equilibrado» para reforzar las agencias de seguridad, garantizar el debido proceso a los migrantes y ayudar a los países centroamericanos a combatir las causas que han empujado a miles de niños a cruzar la frontera con México, señaló la Casa Blanca.
Desde octubre pasado, 57.000 menores de edad han sido detenidos en Estados Unidos, provenientes principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. La cifra podría llegar a 90.000 a finales de septiembre, predicen las autoridades.
Obama ha señalado que la prioridad es que el Congreso apruebe 3.700 millones de dólares en recursos para 2014 y 2015 destinados a aumentar el número de agentes y jueces en la frontera, así como a ampliar la capacidad de acogida y expulsión de los inmigrantes que entraron ilegalmente.
Pero la tarea se puede tornar difícil en un Congreso dividido y celoso de los gastos.
El miércoles, varios senadores se mostraron escandalizados al conocer que las autoridades del gobierno federal gastan entre 250 y 1.000 dólares diarios para atender a los niños en los albergues de detención. «Uno de los números que se queda en la cabeza de todos es que estamos pagando de 250 a 1.000 dólares por niño», dijo el senador republicano Jeff Flake a los periodistas, citando las cifras presentadas en una audiencia privada por el secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson.
Unos 1.800 millones de dólares del proyecto de emergencia de Obama serían destinados al departamento de Salud y Servicios Humanos para suplir de camas, servicio médico y ayuda legal a los niños que están sin su familia.
Además, la oposición republicana ha condicionado cualquier aprobación de recursos a una modificación de la ley contra el tráfico de personas de 2008, que permitiría agilizar las condiciones para deportar a los niños centroamericanos, lo que los demócratas rechazan.
Insiste en la reforma migratoria
Según Obama, los cruces de migrantes ilegales, que se realizan sobre todo en el estado fronterizo de Texas (sur), reflejan la necesidad de aprobar una reforma en el Congreso que repare los fallos en el sistema migratorio.
El Senado aprobó el año pasado un proyecto de ley que abriría una vía para obtener la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados, pero los republicanos en la Cámara de Representantes enterraron el proyecto.
Obama, objeto de ataques de los republicanos por su gestión de la crisis fronteriza, pero también de los activistas proinmigrantes, por el récord de deportaciones durante su gobierno, reiteró que antes de otoño tomará medidas unilaterales, aunque limitadas, para atender el grave problema migratorio.
El gobierno deportó esta semana a 38 mujeres y niños indocumentados a Honduras, en lo que las autoridades ven como la ola inicial de deportaciones regulares de inmigrantes indocumentados a países centroamericanos.
Los arrestos son «el riesgo que los indocumentados corren todos los días» en Estados Unidos, dijo el miércoles José Antonio Vargas, un periodista ganador del Premio Pulitzer y activista proinmigración filipino que deberá responder por su estatus de indocumentado tras haber sido brevemente detenido el martes por las autoridades fronterizas.
La situación de los menores ha generado manifestaciones en algunas ciudades de personas molestas que claman por que «cierren la frontera», mientras otros piden atención a los inmigrantes y comprensión sobre su situación. «Él no es un criminal, él simplemente regresó a este país por nuestros hijos», dijo a la AFP Josefa, quien con medio centenar de personas pedían este miércoles la liberación de su esposo, Julio Pérez Rojas, que espera ser deportado, por segunda vez, en un centro de detención en Miami.
