Tania Sirias
El diputado Edwin Castro aseguró que sus colegas sandinistas “sí rinden cuentas” del fondo para becas y obras sociales que se les asigna del Presupuesto General de la República, pero aclaró que esas cuentas solo se las rinden a la Contraloría General de la República (CGR).
Las declaraciones de Castro se deben a que el organismo Hagamos Democracia le pidió un informe a los diputados sandinistas sobre cómo gastan el fondo social, pero ninguno le dio respuesta. Solamente entregaron su informe 22 diputados del PLI.
“Ya se ha comprobado que algunos diputados han utilizado esa plata para entregárselas a sus allegados e incluso familiares”, dijo Carrión, quien invocó también el principio de transparencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, según la cual los funcionarios deben responder a los ciudadanos.
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Cada legislador recibe anualmente más de 460,000 córdobas para fondo social, dinero por el cual deben rendir cuentas a cualquier ciudadano y organismo civil que lo solicite, dijo Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Todos los diputados sandinistas han rendido cuentas, a mí me consta, lo han hecho ante la Contraloría, que es adonde manda la ley”, expresó Castro al ser consultado.
El legislador agregó que “si un organismo equis se arroga la facultad que se le rindan las cuentas, no sé basado en qué ley”, sostuvo el jefe de la bancada sandinista.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Carrión respondió que la ley que obliga a los funcionarios públicos a rendir informe al ciudadano que lo requiera, es la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621, aprobada en junio de 2007.
El diputado sandinista recalcó que todos los miembros de su bancada tienen el finiquito de 2013, sobre la forma en cómo usaron el fondo asignado por el poder legislativo.
El director jurídico del Cenidh sostuvo que la función pública se rige bajo el principio de publicidad, establecido en el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información, por lo que lo correcto es que los diputados sandinistas lo hagan público, y a quien solicite los rendimientos de cuentas.
“Quien administra dinero que proviene de los recursos del Estado, la rendición de cuentas debe ser pública. El mecanismo institucional de fiscalización es la Contraloría, la cual es para hacer reparaciones y los señalamientos especializados, pero cualquier ciudadano puede solicitarlo”, recalcó Carrión.
Para el funcionario del Cenidh, este dinero asignado a los diputados “no tiene razón de ser”, porque “ellos son parlamentarios y no deben de tener dinero y otorgar becas o regalías”.
Carrión insistió que quien debe asignar las becas debe ser el Ministerio de Educación o las universidades que reciben fondos del seis por ciento del presupuesto.
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