Amalia del Cid y Emiliano Chamorro
El caso #OcupaINSS demuestra que “en Nicaragua no estamos preparados para afrontar de modo pacífico, respetuoso y tolerante las manifestaciones sociales”, afirmó ayer monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, al cumplirse el primer aniversario del asalto al campamento de ancianos que exigía una pensión reducida de vejez y jóvenes que los apoyaban en esa protesta.
El sacerdote lamentó que “una experiencia que no era partidista, ni política” haya terminado en “el terror de la violencia, donde los jóvenes fueron ultrajados y despojados de muchas de sus pertenencias”. También señaló que a 12 meses de ese ataque, aún “no se les da repuesta” a las víctimas.
El 22 de junio de 2013, turbas orteguistas arremetieron contra el movimiento conocido como #OcupaINSS frente a más de treinta oficiales de la Policía Nacional. Hubo ancianos y jóvenes golpeados, y entre los muchos bienes robados destacan siete vehículos que esa madrugada fueron arrastrados por las turbas.
A juicio de Báez, de esa “dolorosa experiencia”, que fue el ataque a #OcupaINSS, debe rescatarse que “todavía hay en Nicaragua jóvenes nobles que ante un problema social se hacen presentes, actúan y se solidarizan”.
“Los jóvenes de este movimiento espontáneo, nacido de la caridad y la solidaridad hacia unos ancianos que reclamaban algo justo, han cumplido una misión importante en la historia de Nicaragua: mostrar la nobleza del corazón de la juventud. Dieron una cátedra de generosidad, valentía y dignidad. ¡No los podemos olvidar!”, sostuvo.
Impunes
Un año después, el crimen contra #OcupaINSS continúa impune, debido a que fue una “operación del Estado”, considera Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“La acción de terror fue organizada desde el Estado, por el Estado y con fuerzas del Estado. (Las turbas) Fueron movilizadas con camiones de la Alcaldía de Managua, y en la escena del crimen estaba la Policía Nacional, otra fuerza del Estado”, explica el abogado. Por esas razones, para él “no es extraño que con mañas y marañas la Policía y la Fiscalía” hagan como que el asalto no existió.
Para conmemorar eso que Carrión llama “crimen de Estado” y exigir justicia para las víctimas, ayer a las 10:00 de la mañana, alrededor de sesenta jóvenes y activistas sociales realizaron un plantón en la gasolinera cercana a la rotonda de Metrocentro, en Managua. Luego se trasladaron con sus mantas, carteles y megáfonos a la Catedral, lugar que sirvió de refugio a los muchachos vapuleados ese 22 de junio.
Al finalizar la misa, el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, salió de la catedral y algunos manifestantes lo siguieron hasta su camioneta, exigiendo “respuestas y justicia”. El funcionario se limitó a contestar: “Me están irrespetando mis derechos”.
Ni un certificado
En el plantón estuvo Carlos Villanueva, uno de los siete jóvenes que perdieron sus carros el día del ataque. A él le robaron una camioneta Nissan Navara año 2013, valorada en 29,000 dólares. Y debido a que la Policía no ha entregado los certificados para trámite de seguro, la compañía aseguradora aún no le paga.
Aunque las instituciones del Estado den la espalda a las víctimas del 22 de junio, para Silvio Báez “la justicia la dará la historia y ya se las está dando”. Según el religioso, la justicia está con estos jóvenes “porque ellos estaban de parte de la verdad, la caridad y los más débiles”.
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