Mañana se cumple un año de la agresión que sufrió un grupo de jóvenes que conformaron el movimiento #OcupaINSS a manos de delincuentes transportados en camiones de la Alcaldía de Managua y ante la vista y paciencia de oficiales de la Policía Nacional.
Los muchachos y muchachas no solo fueron golpeados la madrugada del 22 de junio por los delincuentes claramente enviados por el orteguismo; la turba también les robó sus pertenencias, desde billeteras hasta vehículos. El delito de los jóvenes fue mostrar su solidaridad con un grupo de ciudadanos de la tercera edad, quienes reclamaban su derecho a una pensión reducida.
A pesar de que ocurrió en las narices de la Policía, ya casi 365
días después de ocurrido el vergonzoso hecho no han aparecido los vehículos robados y no existe un solo capturado. Para la Policía, y también para la Fiscalía, el hecho por lo visto jamás ocurrió.
Es difícil encontrar en esta Nicaragua donde hay tantas injusticias un reclamo más justo como el de aquellos ancianos, y es difícil encontrar también un mejor acto de solidaridad colectiva como el de esos jóvenes, como también es difícil encontrar un hecho más vergonzoso por lo evidente de la desfachatez institucional como este de la Policía y del Gobierno que inconstitucionalmente preside Daniel Ortega.
Por mucho que se esmere la jefa de facto de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa, en hacer aparecer como “ejemplar” a la institución que bajo su administración se ha descompuesto, la verdad es que el caso #OcupaINSS le bota la careta al “Modelo de Policía Comunitaria”.
Pero aún con todo lo expuesto, si #OcupaINSS fuese un hecho aislado no pasaría de ser triste episodio, sin embargo es el caso que representa muchos más de la negligencia y el abuso de una Policía a la que le tomó años ganarse el respeto de la ciudadanía, pero que en muy poco tiempo se rindió al control personal del dictador.
#OcupaINSS es quizá el caso más representativo, pero hay muchos casos donde no hay respuesta, para mencionar algunos, está el abuso, supuestamente a manos de la Policía, denunciado por las mujeres de Nueva Guinea luego de las protestas por el fraude en las elecciones municipales del 2012; las torturas denunciadas por detenidos en las cárceles de Auxilio Judicial, que incluso llamaron la atención de la Conferencia Episcopal; el ridículo caso del “talcazo” y hasta el caso de los “mataperros” en el que la Policía nunca encontró a los responsables, pero sí expuso al escarnio público a personas contra las que, la misma Granera tuvo que admitir, no tenían pruebas.
Y esta lamentable situación en que ha quedado la Policía Nacional viene a oficializarse con la aprobación por parte de la aplanadora orteguista, en la Asamblea Nacional, de la nueva Ley Orgánica de la Policía que, bajo el pretexto de modernizar a la institución, lo que ha hecho es dejarla legalmente en manos de Ortega, ya que tal como está estructurada será a él a quien los mandos policiales deberán obediencia, y no a la Constitución y a las leyes.
Una vez aprobada esta ley, será Ortega quien, ahora legalmente, decidirá cuándo quitar o poner al director de la Policía y otros mandos, destruyendo así en la formalidad y la legalidad lo que el presidente inconstitucional empezó a minar desde el primer día que tomó posesión el 10 de enero de 2007.
Es de esperarse entonces que a partir de ahora casos como los de #OcupaINSS y los otros mencionados se vuelvan cada vez más comunes en este país.
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