Martha Vásquez
El hermetismo de parte de las autoridades penitenciarias y los abusos contra los privados de libertad persisten en el Sistema Penitenciario Nacional, aseguró este miércoles 18 de junio la juez Roxana Zapata, titular del Juzgado Primero Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Managua, después de conocer el último caso insólito donde se realizó audiencia a un reo muerto, desde hace seis meses.
“Esas cosas pasan porque el Sistema se ha vuelto una institución cerrada, no quiere acatar ni su propia ley. El colmo que cuando cambian de dirección no se molestan de informar a los jueces de Ejecución”, criticó la judicial.
Zapata agregó que esas situaciones (programar audiencia a reos muertos) se evitarían si las autoridades penitenciarias cumplieran con su Ley de Régimen Penitenciario e informaran la situación del reo a todas las instituciones involucradas y a la familia del interno.
Además se ahorraría gastos económicos y tiempo al judicial, a la Fiscalía y Defensoría Pública.
Cuidar por la vida, integridad física y moral, así como la seguridad y custodia de los internos dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional y durante el proceso de las diligencias que realizare fuera de las instalaciones del Centro Penitenciario;
Garantizar la seguridad interna y externa de los centros penitenciarios ordinarios y especiales, así como la disciplina y control sobre la población penitenciaria.
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“El carácter de ella (Ley 473) es de custodia y de salvaguardar los derechos de los privados de libertad, pero estos (autoridades penitenciarias) son los primeros que violentan a los privados y no hacen caso a su ley”, dijo Zapata.
INFORMAR EMERGENCIAS
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Régimen Penitenciario, las autoridades del Sistema deben establecer coordinaciones con las autoridades judiciales que correspondan, con la Fiscalía, entre otras instituciones involucradas, por tanto la muerte del reo Henry Morales no debió tomar por sorpresa al juez, a la Fiscalía ni a la Defensoría.
El lunes 16 de junio, el Juzgado Quinto Penal de Ejecución tenía programada una audiencia por suspensión de la pena, ya que Morales estaba condenado a 16 meses de cárcel por violencia sicológica y física, pero ante la noticia de la muerte en noviembre del 2013, la defensora pública promovió un incidente de extinción de la responsabilidad penal por motivo de muerte del imputado.
Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, se sumó a la crítica de la judicial, pero también se refirió a que los jueces y defensores deben asistir periódicamente al penal para enterarse de la situación de sus internos a cargo.
El problema con esto, manifiestan abogados y defensores públicos que prefieren omitir sus nombres, es que las autoridades penitenciarias tampoco permiten estas visitas.
Un caso denunciado esta semana en el Cenidh es el del reo Axel Wilfredo López Pérez, de 20 años, quien falleció por múltiples puñaladas dentro del Sistema Penitenciario el 13 de junio y las autoridades ni siquiera avisaron a sus familiares y no dan explicación de su muerte, refirió Carrión.
El artículo 44 de la Ley de Régimen Penitenciario dice que en los casos de enfermedad grave o muerte del privado de libertad, las autoridades del centro penitenciario deben de informar de inmediato a los familiares de este o sus allegados, sin embargo no se cumple.
“La mamá del interno dice que se dio cuenta de la muerte de su hijo por una vecina. A ella las autoridades no le avisaron que su hijo fue trasladado al Hospital Alemán y muere a las 3 de la tarde de ese día. Eso es violatorio completamente”, agregó Carrión.
LA PRENSA buscó la versión del Ministerio de Gobernación que rige al Sistema Penitenciario, pero no hubo respuesta.
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