Pedro J. Chamorro B.
La “alianza estratégica” o “diálogo permanente” que el Gobierno se afana de tener con los empresarios ciertamente no es válida para todos los empresarios y algunos casos, como el del empresario Milton Arcia, pareciera que hay una decisión de acabarlo, tanto de parte de la Alcaldía de Managua, como de parte del Gobierno Central y los poderes del Estado, en este caso, la Corte Suprema de Justicia.
Arcia es un empresario de origen humilde de la Isla de Ometepe, que tiene el innegable mérito de haber revolucionado el transporte a dicha isla, dinamizando dramáticamente su economía, con la introducción en 1995 del primer ferry, al que siguieron dos más.
Aprovechando la crecida del huracán Mitch en 1998, tuvo la visión y la osadía de introducir por primera vez una embarcación turística al Lago de Managua por el Río Tipitapa, una verdadera proeza, que bautizó como La Novia del Xolotlán. Como parte del plan de inversiones, Arcia construyó un muelle y facilidades turísticas en un terreno en el Malecón concesionado por diez años por la Alcaldía de Managua, entonces dirigida por Roberto Cedeño. Al vencimiento del término, el alcalde sandinista Nicho Marenco, le prorrogó la concesión por 25 años más, renovables, exigiéndole a cambio realizar mayores inversiones.
Su familia, también de origen humilde, comenzó a surcar las aguas del Cocibolca en botes de vela, hasta que un día se aventuraron a comprar la lancha de madera a motor, La Reina del Sur y más tarde, La Señora del Lago, de casco metálico. Así fue creciendo, Milton, hasta llegar a arriesgar su fortuna en un lugar por el que nadie daba un peso: el Lago de Managua, ofreciendo viajes al recién construido Puerto de Chiltepe y la Isla del Amor, mucho antes que existiera el Puerto Salvador Allende.
En el 2004 Arcia compró un catamarán al empresario Leonel Román, que introdujo el Cocibolca al Xolotlán con el fin de modernizar la oferta de transporte turístico, mientras los managuas le iban perdiendo el miedo al lago por su avanzado nivel de contaminación.
Ahora este esforzado empresario tiene una inversión en infraestructura valorada por CAPISA en $ 1,565,000 sin contar con el catamarán y otros inventarios, intervenida por la Alcaldía, que ha rescindido arbitrariamente del contrato. Luego que Arcia se ampara la Corte Suprema falla a su favor, pero de manera inverosímil, en 24 horas le revoca la sentencia. Como si eso fuera poco, aparte de intervenir su puerto, la Alcaldía le cobra una multa por 1.2 millones de córdobas. Torcido el empresario Arcia.
Pero eso no es todo. Según sus propias palabras: “nos quieren acabar, nos echan a la DGI, al INSS, al Ministerio del Trabajo y todo eso de la alianza estratégica con los empresarios es puro cuento”. Arcia reclama que le indemnicen su inversión según el avalúo independiente de CAPISA y que le devuelvan todo su inventario.
Está bien que el Estado invierta en un puerto como el Salvador Allende, pero está mal que castigue al empresario privado que tuvo la visión y la osadía de arriesgar su capital mucho antes de que nadie le viera futuro al Xolotlán. El Estado debe promover la inversión privada y no competir en forma desleal con el empresario, a como pareciera ser el caso del señor Arcia.
Y si le van a quitar a uno, para dárselo a un inversionista extranjero, como se rumora en este caso, peor aun, porque se están vulnerando los derechos de los nacionales para privilegiar a otros que han venido a la zaga de los humildes, pero visionarios empresarios nicas, que tomaron riesgos cuando nadie se atrevió. El autor es diputado de la Bancada del PLI.
