Carlos R. Flores
Consultor en Seguridad Industrial
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@carflom
Si alguien en verdad llegó a pensar que las reformas a la Ley de Tránsito iban a reducir el número de muertes y lesionados por estas situaciones, de verdad que merece un premio a su olímpica ingenuidad.
Hace menos de una semana un conductor de bus, quien irrespetó en forma homicida un alto y provocó el percance donde perdió la vida una mujer motociclista, fue dispensado de la prisión preventiva y ahora “enfrentará el proceso judicial en libertad”. Esta es una muestra más de las absurdas e irracionales paradojas que hacen que cualquier disuasivo para cambiar la conducta y comportamientos homicidas sean echados por tierra. Fue absolutamente la misma razón y circunstancia que se dio cuando el timonero de un ente estatal mató a mi hermano dejando huérfana a mi sobrina de 5 años.
La parte fácil de ser legislador, me imagino, es que uno no está obligado a estudiar, lo cual debe ser un paliativo y felicidad para no tomar conciencia de la incongruencia de las acciones propias y sus consecuencias. Las reformas a la dicha ley fueron vistas de forma tubular, sin una visión de conjunto, sin tomar en consideración el hecho que la falla principal para que esa o cualquier ley en Nicaragua, que promueva un cambio de comportamiento positivo, es la inexistencia de un aparato jurídico confiable, de un Estado de Derecho en donde con certeza pueda darse el cumplimiento de una noción rudimentaria o básica de justicia (la pongo en minúscula porque aquí esa palabra no vale nada). Ese es el problema principal, que el núcleo de ese concepto está absolutamente vacío.
A veces me da por creer que cuando las autoridades se refieren a las tragedias viales hablan en serio, o al menos, con una genuina preocupación, pero esos episodios por suerte me asaltan ya con mucha menor frecuencia. Me pongo en su lugar y lo pienso más desapasionadamente.
Una simple observación del transporte colectivo y sus conductas puede ser evidenciada a cualquier hora y en cualquier vía, en lo que se conoce dentro de la ley como “conducción temeraria”, entre otros comportamientos. Es singular que en las horas y lugares en que estos eventos ocurren, nunca hay un agente del tránsito, y si los hay, el área de concentración visual es en el conductor particular, en ese que no tiene padrinos ni hace favores políticos, pero que sí son el producto “vaca lechera” de las infracciones, muchas veces, por conceptos abstractos, perspectivas improbables y antojadizas.
El problema de las fatalidades de tránsito en Nicaragua no está en una simple ley, sino en nuestra inveterada malicia. Aquí tenemos leyes cuya letra y alcance abruman la voluntad política que debe tener la autoridad en querer hacerlas cumplir, es por eso que las conductas que tratan de prevenir o de estimular se convierten exactamente en lo opuesto de lo que se desea lograr, porque toda violación de la norma y su castigo transcurre viciosamente hacia la avenida del no-cumplimiento debido a la atrofia de los mecanismos que deben brindar justicia pronta y efectiva, los cuales son aquí inexistentes.
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