Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
El Ministerio Público costarricense espera acusar penalmente en cuatro meses a exfuncionarios públicos y contratistas que abrieron la carretera fronteriza con Nicaragua, una vez que el Organismo de Investigación (OIJ) remita a la fiscalía la prueba contable.
Esta prueba aún en análisis será enviada por el OIJ en el mes de julio para que la fiscalía la analice y acuse aproximadamente en el mes de octubre, según el fiscal general, Jorge Chavarría.
Chavarría dice que antes de acusar, se determinarán criterios como el número de personas a acusar y determinar su responsabilidad en las fallas. El número de señalados puede aumentar o disminuir, de acuerdo al análisis previo, según el fiscal general.
Fue en el 2012, un año después de haberse iniciado su construcción en pleno conflicto fronterizo con Nicaragua, que la entonces mandataria Laura Chinchilla denunció actos de corrupción en su apertura.
En ese momento, le pidió la renuncia a su ministro de transporte, Francisco Jiménez; la fiscalía empezó a investigar y el OIJ ejecutó decenas de allanamientos para encontrar evidencias.
Entre los acusados de peculado en una causa abierta por la Fiscalía aún destacan el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta, y los exingenieros de esta entidad Miguel Ramírez y Manuel Serrano; así como los empresarios David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz.
El fiscal adjunto de Probidad y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, indicó la existencia de otros ocho informes sobre el caso donde se señalan 27 personas, incluidos los antes mencionados.
De concretarse en octubre la acusación, sería dos años y medio después de las primeras denuncias hechas por Chinchilla, sobre aparente corrupción de una carretera que además de desmoronarse con las lluvias, motivó una demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en el año 2011, por supuesta contaminación al río San Juan.
