Leonor Álvarez, Martha Vásquez y Emiliano Chamorro
La inseguridad jurídica fue uno de los temas planteados por los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en el encuentro con el presidente inconstitucional Daniel Ortega, el pasado 21 de mayo, recordó ayer el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, en momentos en que es cuestionada una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, la preocupación de Báez son los “cauces” que se puedan abrir en busca de la verdadera justicia en el país. Ayer, al finalizar la misa en la Catedral Metropolitana, monseñor Báez recordó que “en un país donde no se respeta la ley, donde una sentencia se cambia en 24 horas, donde las personas no tienen confianza porque a lo mejor por su condición partidaria temen no recibir justicia”, es un país con problemas de “inseguridad jurídica”.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, explicó que el recurso de aclaración es una herramienta que le da la ley a las partes para que los magistrados aclaren algún punto oscuro de la sentencia, pero no para cambiar el fondo del asunto de una decisión que los magistrados ya habían tomado. “Es una forma mafiosa de manejar la justicia. ¿Si ya había fallo quién les dio la orden de revocarlo?”, cuestionó.
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De esta manera monseñor Báez se refirió a la actuación de la CSJ, que en menos de 24 horas revocó una sentencia favorable al empresario Milton Arcia, en el litigio que este mantiene con la Alcaldía de Managua, por la intervención de un negocio en el Malecón capitalino.
ADVERTENCIA
Báez manifestó que la inseguridad jurídica es un problema fundamental, porque sobre la justicia está basada la convivencia de una sociedad. En ese sentido el obispo auxiliar advirtió que “cuando la justicia no es lo que debe ser, lamentablemente se pueden abrir cauces para que las personas por otras vías intenten que prevalezca lo justo y a eso nadie quiere llegar”.
Asimismo, el cardenal Leopoldo José Brenes considera a los magistrados “personas serias y responsables” y le parece “triste que haya este tipo de divisiones” en los asuntos donde debería prevalecer la justicia.
“Ojalá que el Espíritu Santo ilumine a nuestros magistrados y no tengamos que lamentar estas contradicciones”, dijo ayer el cardenal Brenes, al concluir una misa matutina en la parroquia Espíritu Santo de Managua.
El empresario Milton Arcia introdujo dos recursos de amparo ante la CSJ porque la alcaldesa inconstitucional de Managua, Daysi Torres, decidió multarlo con 1.2 millones de córdobas e intervenir el puerto turístico Rubén Darío, negocio ubicado en el Malecón capitalino.
El pasado 5 de junio la CSJ revocó en menos de 24 horas el fallo que reconocía los derechos del empresario Arcia sobre dicho negocio.
Esta actuación de los magistrados de la CSJ es calificada como un reflejo más de la institucionalidad que se vive en el país y la “forma mafiosa” en que se maneja la justicia en Nicaragua, según organismos de Derechos Humanos.
“En la actuación arbitraria de la Corte se percibe que alguien por encima de la ley tomó el teléfono y pidió sentencia a su gusto, según intereses personales”, dijo Pablo Cuevas, asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
MENSAJE NEGATIVO
Cuevas también señaló que con este tipo de actuación se le está enviando un mensaje negativo a la ciudadanía en general, no solo a inversionistas, de que los instrumentos jurídicos para defenderse de arbitrariedades cometidas por las autoridades gubernamentales (a como es el recurso de Amparo) son papel mojado, dejando al ciudadano en indefensión.
El empresario Milton Arcia anunció que denunciará el caso ante los Derechos Humanos internacionales, porque “esos fallos son una aberración jurídica aquí y en todas partes del mundo”.
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