Elízabeth Romero
El fenómeno de la violencia también impacta a la niñez y desborda la capacidad de la protección estatal, pues el presupuesto asignado al Ministerio de la Familia (Mifamilia) no es suficiente, dice Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Menciona Ampié que por ejemplo, el fondo estatal destinado para niños en riesgo es apenas el seis por ciento del presupuesto total asignado este año a ese ministerio —que es de 634 millones de córdobas—, y por ello persiste la presencia de niños en los semáforos.
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En su informe 2013 sobre derechos humanos, el Cenidh retoma información de Plan Nicaragua, organización no gubernamental que indica que el 24 por ciento de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual es menor de 18 años, y de este, el 86 por ciento es conformado por niñas.
Uno de los señalamientos que hace Ampié es la falta de un centro especializado donde sean recluidos adolescentes que han infringido la ley. “Eso está sucediendo en centros penitenciarios y celdas policiales. Eso hay que ponerle fin, hay que separarlos de los adultos”, aconsejó.
El director del Cenidh apuntó que, según el observatorio de Codeni, hay más de doscientos menores privados de libertad en estas condiciones.
Managua únicamente cuenta con el personal especializado que conforma un equipo interdisciplinario para darle seguimiento a los adolescentes procesados. “No basta una autoridad judicial para aplicar la justicia de adolescente, se requiere una serie de recursos humanos”, señaló Ampié.
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