El presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén (i), que tomará posesión el próximo domingo, habla junto al vicepresidente electo, Oscar Ortiz (d), durante una rueda de prensa hoy en San Salvador.

El Salvador: prioridad combate a extorsiones

El vicepresidente Oscar Ortiz informó hoy jueves, que la prioridad del nuevo gobierno será desmontar las estructuras de extorsión y bregar porque disminuyan los homicidios.

El Salvador/AP

La prioridad del nuevo gobierno será desmontar las estructuras de extorsión y bregar porque disminuyan los homicidios que han convertido a El Salvador en uno de los países más violentos de la región, informó hoy jueves que el vicepresidente electo Oscar Ortiz.

Ortiz en rueda de prensa informó que en los primeros 100 días del gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Cerén, que asumirá el 1 de junio, se anunciará una serie de programas con esos objetivos.

«La primera prioridad que vamos a tener es golpear y debilitar las estructuras de la extorsión que son los que están generando una cadena de otras actividades violentas que incluye el incremento de los homicidios», dijo Ortiz.

Afirmó que el área de seguridad representa la demandas más fuerte de la población y prometió que a corto plazo van a atender estas exigencias mediante un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que buscará avanzar en el control progresivo de las extorsiones y los homicidios.

La violencia en el país se incrementó en los últimos días y según las autoridades de Seguridad, grupos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado estarían utilizando a grupos de las pandillas para subir las cifras de homicidios para presionar al nuevo gobierno y supuestamente buscar una negociación que les otorgue privilegios en las cárceles.

Según cifras de la policía entre enero y el 20 de mayo se han registrado 1.313 homicidios.

El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, denunciaron «un recrudecimiento de la violencia, un aumento de la cantidad de extorsiones, acecho constante de (las) pandillas, cierre de negocios y una mayor desconfianza en la policía».

La pequeña empresa estima que sus agremiados pagan cerca de 1,5 millones de dólares mensuales en extorsiones en todo el país.

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