Gloria Picón Duarte
Miembros del Movimiento Unidad por la República continúan movilizándose por varios puntos del país para recolectar firmas y exigir un cambio en el Consejo Supremo Electoral (CSE), una demanda que se viene haciendo desde el fraude electoral del 2008.
En diversas ocasiones el Grupo Promotor de Reformas Electorales y los partidos políticos de oposición han señalado que es necesaria una reforma a la Ley Electoral pero integral, que incluya la despolitización de las estructuras del poder electoral, la creación de un instituto de cedulación independiente, observación electoral nacional e internacional y otras.
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Para Azáhalea Solís, miembro del movimiento, el hecho de que el gobierno de Nicaragua haya aceptado las recomendaciones que le hicieron en Ginebra, las cuales plantean la creación de un escenario propicio para unas elecciones libres, justas y sin exclusiones, así como un CSE imparcial, no necesariamente indica que las vayan a cumplir, ya que la falta de voluntad política para que haya cambios fue demostrada con la imposición de los magistrados del CSE que tanto daño han hecho.
“Habrá que ver qué plantearán para cumplir, porque si salen con que ya nombraron a los funcionarios, no se sale de ningún apuro. Es necesario un CSE creíble y no es solo cambio de nombres (…), la Ley Electoral está trabada en el sentido que están partidarizadas las estructuras, eso implicaría transformación en el CSE y en la misma ley electoral”, dice Solís, quien agrega que además de recolectar las firmas comparten con la población sobre los cambios que se necesitan.
El diputado Javier Vallejo también ve difícil que se cumpla con las recomendaciones que hicieron en Ginebra. Explica que este asunto no es de cambio en las leyes, sino de voluntad política, porque la ley funciona, pero quienes la administran y la aplican solo cumplen órdenes del presidente inconstitucional Daniel Ortega. “Aunque se cambie, párrafo por párrafo, artículo por artículo, no veo que incida en que se cumplan esas recomendaciones”, dijo Vallejo.
“Se puede cambiar el texto de una ley, pero si no existe la voluntad de leerla tal como se escribe, es papel mojado. No hubo interés, la elección de los magistrados ya vimos cómo fue, los administradores de la ley siguen siendo parte del mal, cómo van a querer adecuar la ley para cumplir con recomendaciones, eso lo veo difícil, no hay voluntad política”, reitera Vallejo.
Solís es de la idea que la llave para una apertura a la verdadera democracia está en lograr que haya un sistema electoral creíble, pero no hay voluntad política, lo cual quedó demostrado cuando reformaron la Constitución Política en donde “privatizaron Nicaragua al crearle definición propia de un partido político y con la actitud arrogante e impositiva en el nombramiento de los (54) funcionarios públicos… no veo que esté en la voluntad del Frente Sandinista”, concluyó Solís.
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