Elízabeth Romero
En su informe emitido esta semana sobre el 150 período de sesiones, efectuado en marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó preocupación por dos situaciones que se registran en el país y que están relacionadas con la situación de pueblos indígenas y los privados de libertad.
En parte del informe señala que entre otras cosas «la CIDH recibió información preocupante sobre la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua, caracterizada por la falta de implementación del saneamiento de sus territorios ancestrales, la afectación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado en la concesión de obras y proyectos».
También menciona lo relacionado a la modificación de la ley electoral y la falta de implementación de normas de seguridad para las condiciones laborales de los buzos miskitos.
Para el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, una de las organizaciones que recurrió a la CIDH para exponer estos temas, señala que esa instancia internacional externó especial preocupación por la situación de la comunidad Mayagna que pese a contar con una sentencia dictada hace más de 12 años haya informado que el 91 por ciento de su territorio está invadido por terceros, muy contaminado y que se han registrado hechos de violencia.
Igualmente la CIDH expresó su preocupación por el hecho de que representantes de gobierno Rama y Kriol expusieran lo relacionado a la implementación inconsulta por parte del Gobierno del proyecto del Gran Canal Interoceánico que afectaría cerca del 40 por ciento de sus territorios.
El otro tema expuesto por el Cenidh junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), fue la situación de hacinamiento en los penales del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), y saturación en las celdas preventivas,y la CIDH en su informe hace referencia del reconocimiento que hizo la representación oficial de Nicaragua de que esto era consecuencia de aplicación de leyes que establecen la prisión preventiva.
Es por ello, que la comisión recuerda que la aplicación de la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Es decir la CIDH expresa que muchísimas personas no deberían estar en prisión preventiva sino enfrentando el proceso en libertad, apuntó Ampié quien agregó: «O sea el problema lo está ocasionando el mismo Estado».
Ampié apuntó además las contradicciones del Gobierno, pues en la CIDH aceptó que son reformas legislativas las que contribuyen al hacinamiento pero en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, en Ginebra, una de las recomendaciones que rechaza es relacionada a tomar las medidas legislativas para mejorar esta situación.
Y para el defensor de derechos humanos el hecho de que la CIDH diga que está preocupada «tiene un valor» por cuanto se trata de un órgano con gran tradición en defensa de los derechos humanos y con gran credibilidad en la región.
