Elízabeth Romero
“Nos llegaron a agredir sin compasión de ningún tipo; a señoras de más de 60 años las trataron con brutalidad, las montaron a las camionetas como manojos de leña”.
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En el caso de los jóvenes que apoyaban una protesta de los adultos mayores frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fueron agredidos y robados por grupos paraestatales ante la presencia de fuerzas policiales. A la fecha siete carros de las víctimas no han aparecido y la denuncia no ha prosperado.
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Así resumió el comerciante Bruno Lorío, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la agresión sufrida por parte de los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), mientras protestaban el martes frente a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Jamileth Gutiérrez, una de las perjudicadas, denunció: “Me dejaron caer otras personas encima, estoy bien golpeada”.
“Esto es algo arbitrario, nosotros simplemente estábamos haciendo un plantón pacíficamente, justo, reclamando nuestros derechos”, sostuvo Jamileth Gutiérrez.
Por su parte, Bruno Lorío indicó que ante la falta de respuesta a sus gestiones desde hace tres meses, decidieron plantarse frente a la DGA.
Gutiérrez manifestó que esta situación solo la enfrentan los pequeños y medianos comerciantes, además de que les saquean la mercadería en bodega.
Asimismo Lorío explicó que pretendían demandar una respuesta de las autoridades aduaneras, pues desde hace unos tres meses les mantienen retenidos ocho contenedores con mercadería variada.
Ellos buscaban que el director de la misma les explicara “¿qué quiere?, ¿cómo quieren que presentemos las declaraciones?, ¿en qué forma?, ¿qué impuestos quieren que paguemos?”, pero en su lugar fueron recibidos con los antimotines.
Recordó que aunque existe una circular firmada por el director general, Eddy Medrano, en la que establece 20 horas 30 minutos para devolver la mercadería sobre la cual ha habido dudas de valor, en realidad se pasan tres meses sin entregarla.
Este retraso en desaduanar la mercadería les afecta, dicen los comerciantes, pues en el caso de ellos lo que más importan es ropa, la que no solo se deteriora por permanecer embodegada en inadecuadas condiciones, sino que también pasa de moda.
Señalan los denunciantes que el hecho de que un contenedor permanezca tres meses en una bodega de Aduana les ocasiona pérdidas que pasan los cien mil dólares. Y a esto le agregó que después que la Aduana hace el conteo les establece impuestos hasta por dos millones de córdobas. Al pedirles la preliquidación para saber la distribución de lo que deben pagar, les niegan el derecho a recibir el detalle sobre semejantes cobros.
Los comerciantes describieron ante el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, que además de haber sido sometidos de forma violenta, los detuvieron y fueron conducidos por la Policía a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde no solo los ficharon, sino que los remitieron a unas celdas donde solo caben sentados.
“Nos tratan como si fuéramos delincuentes. Nos llevaron a El Chipote… a mí la Policía me dijo que me tenía que desnudar”, denunció Lorío, una de los 47 comerciantes que fueron conducidos a las celdas de la DAJ. Entre los detenidos, cuatro eran mujeres y una estaba embarazada.
“¿A quiénes molestan ellos? Se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Carrión. Mientras Lorío preguntó: “¿Los intereses de quiénes se están queriendo proteger?”
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