Noel Amílcar Gallegos
La demanda es clara al gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega: oportunidad de empleos para los jóvenes nicaragüenses.
Si se llega a aprobar la Ley de mi Primer Empleo, todos los jóvenes sin experiencia solo tendrán que cumplir con dos requisitos básicos para aspirar a un puesto de trabajo: tener entre 18 y 30 años de edad y haber egresado de una carrera universitaria o de un instituto técnico autorizado por el Tecnológico Nacional, antes Inatec.
Colombia es uno de los países que cuenta con una Ley de mi Primer Empleo y en el primer año de vigencia dicha ley benefició a 400 mil jóvenes menores de 28 años y unas 45,000 empresas se acogieron a los incentivos fiscales, según resume en su portal electrónico el Ministerio del Trabajo de Colombia.
Hasta la fecha, ni los empresarios ni los diputados se han preocupado por la aprobación de la ley.
[/doap_box]
Luego de un encuentro de jóvenes el pasado fin de semana en la ciudad de Masaya, liderado por la Comisión Nacional de Juventudes de la Red Local, se manifestó que el objetivo de la asamblea era discutir y presentar el proyecto de Ley de Primer Contrato Juvenil, que actualmente se encuentra en proceso de dictamen en la Asamblea Nacional, para consultarla ampliamente y aportar insumos.
LEY ES UNA ESPERANZA
Ernesto Pavón, de 22 años, es ingeniero industrial, graduado hace cuatro años, con igual tiempo en el desempleo.
Lo único que pudo conseguir fue realizar unas pasantías sin algún incentivo, más que la poca experiencia. Sus expectativas se ciñen en que la mencionada ley sea aprobada y optar a un mejor nivel de vida.
“Considero que esta política de primer empleo es vital para que el joven adquiera experiencia, y luego se enfrente al mercado laboral. Creo que el Estado y la sociedad tienen que aportar para que esta situación de desempleo joven sea superada”, agregó Pavón.
“Mirá, si nos vamos al casco rural, ahí no tenés centros educativos y los chavalos buscan cualquier trabajo o emigran. En la zona urbana, no todos pueden acceder a la educación y quienes pueden, al concluir sus carreras, las empresas les piden años de experiencias o avales políticos para poder trabajar”, manifestó Efraín Ordóñez, miembro de dicha Comisión Nacional de Juventudes de la Red Local.
Dijo que la Ley de Juventud 392 establece que un treinta por ciento de juventud tiene que ser contratado en el Gobierno y empresas privadas, para garantizar sus derechos igualitarios.
“El Gobierno debe de invertir en políticas públicas para la juventud, aprovechando el bono demográfico. Así como el Gobierno dice que está restituyendo los derechos de recreación para la juventud, de igual forma debe de restituir sus derechos laborales”, agregó Ordóñez.
CONSULTAS Y FIRMAS
Los integrantes de esta organización juvenil pretenden darle un impulso en términos legislativo para mejorar el contenido de la mencionada ley, a través de consultas municipales con actores jóvenes, tomando como referencia un estudio de derechos realizado en nueve países latinoamericanos.
En abril pasado, esta misma Comisión Nacional de Juventudes de la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local inició esta campaña de consulta en varios municipios del país para enriquecer el dictamen de Ley de mi Primer Empleo y esperan recoger unas 5,000 firmas para exigir a la Asamblea Nacional la pronta aprobación de dicha ley en beneficio del empleo juvenil.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
