WASHINGTON/EFE
Los abogados del Gobierno de Kentucky (EE.UU.) argumentan que el estado tiene un interés en mantener las tasas de natalidad y por ello no debería legalizar los matrimonios entre homosexuales, informó hoy el diario The Courier Journal.
En febrero pasado, el juez federal John Heyburn anuló una ley y una enmienda de la Constitución de Kentucky que prohibían el reconocimiento de los matrimonios de personas del mismo sexo realizados en otros estados.
En opinión del juez, el estado de Kentucky no había ofrecido una argumentación racional para el tratamiento diferenciado a las parejas de homosexuales.
Ahora, los abogados del gobernador Steve Beshear, según el diario de Louisville, argumentan que debería mantenerse la prohibición del casamiento de homosexuales porque sólo las parejas formadas por un hombre y una mujer pueden procrear naturalmente y el estado tiene interés en asegurar que lo hagan.
De este modo, la abogada Leigh Gross Latherow, quien redactó la apelación de 32 páginas, indicó que el estado tiene un interés legítimo en alentar la procreación para sustentar «la estabilidad económica a largo plazo mediante tasas de natalidad estables».
«La apelación no explica en qué forma el permitir que los homosexuales se casen reduciría la tasa de natalidad entre las parejas heterosexuales», comenta el diario, que añade que «tampoco toma en cuenta a las parejas homosexuales que tienen hijos mediante madres suplentes u otras opciones».
Heyburn ya había rechazado el argumento de la procreación indicando que la exclusión de las parejas homosexuales por esa razón «tiene tan poco sentido como excluir a las parejas (heterosexuales) postmenopáusicas o infértiles por razones de procreación».
Actualmente, diecisiete estados de Estados Unidos tienen una legislación que reconoce plenamente el matrimonio entre homosexuales o los define como uniones civiles, en tanto que en cinco estados más las leyes en ese sentido están pendientes de querellas judiciales.
A esto se suma el reconocimiento de los casamientos de homosexuales por parte del Gobierno Federal, que beneficia a los miembros de las fuerzas armadas y los empleados públicos federales.
