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Héctor Velasco/BOGOTÁ/AFP
Dos escándalos, uno de espionaje y otro de narcos, crispan el final de la campaña presidencial de Colombia y desatan acusaciones de guerra sucia entre los dos favoritos: el mandatario Juan Manuel Santos y el opositor Óscar Iván Zuluaga.
Santos, aspirante a la reelección, y Zuluaga, apadrinado por el expresidente Álvaro Uribe, encaran un cierre de campaña insospechado que eclipsó el que era el tema dominante de la contienda: el futuro del proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Santos y Zuluaga, exministros de Uribe, perdieron esta semana a importantes asesores por escándalos cuyos efectos todavía están por verse.
El presidente, quien negocia un acuerdo con los guerrilleros marxistas al que se opone Zuluaga, recibió el primer golpe tras la renuncia del venezolano Juan José Rendón, su estratega de campaña.
El polémico asesor fue acusado por narcotraficantes presos en Estados Unidos de haber recibido 12 millones de dólares para que le llevara a Santos un plan de rendición de capos de la mafia que nunca se concretó.
Cuando la oposición intentaba acorralar a Santos, la Fiscalía reveló la captura de un pirata informático que trabajaba para Zuluaga y quien, según las autoridades, interceptó correos de Santos y de las FARC con el fin de torpedear el proceso de paz que se cumple en Cuba desde noviembre de 2012.
El revés para el opositor —quien rechaza cualquier nexo con las actividades ilegales de su excolaborador— vino cuando un canal de TV dijo que el ‘hacker’ le ofreció información relacionada con las FARC en compañía de Luis Hoyos, cercano asesor de Zuluaga y quien renunció presionado por el escándalo.
“Este ya es el extremo, no es guerra sucia. Es un crimen, es tratar de matar la esperanza de los colombianos”, reaccionó Santos ayer sobre el caso de espionaje.
Zuluaga replicó y le pidió a Santos no “usar cortinas de humo para evadir su responsabilidad en la denuncia de los 12 millones de dólares” que presuntamente llegaron a manos de Rendón y un cercano exfuncionario del Gobierno, quienes rechazan haber recibido dinero de la mafia.
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