Tania Sirias
“Sí existe hacinamiento” en las cárceles del país, aceptó el magistrado Rafael Solís, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de reunirse con una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y los malos tratos.
Lo que sí rechazó Solís es que en el país se practique la tortura en las cárceles, tal como lo denunciaron organismos nacionales defensores de los derechos humanos.
Otra comisión se reunió ayer con la cancillería, Gobernación y la Policía. Solís recalcó en todo momento que no habrá restricción a la comisión, tendrá libertad de ir donde lo desee y solicitar la información.
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“Nosotros no conocemos casos de tortura, pero sí sabemos de casos de hacinamiento y esto producto de la pobreza en el país”, expresó Solís. El funcionario indicó que la comisión podrá constatar esta situación en algunos centros de detención policial y del sistema penitenciario nacional.
El magistrado agregó que la comisión no preguntó por ningún caso específico donde se haya denunciado tortura, aunque sí reconoció que han habido acusaciones que, al investigarse, “no se comprueban en las cárceles del país”.
“Oficialmente tampoco se ha presentado ninguna acusación por tortura realizada por algún miembro de la Policía o del Sistema Penitenciario”, sostuvo el miembro de la Sala Penal.
DETENIDOS ESPERAN JUICIOS
Solís expresó que ahora todos los acusados por narcotráfico y por delitos graves contra la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, deben estar detenidos mientras se hacen los juicios, siendo otro motivo que aumenta la población penal.
“Tampoco hay sustitución de medidas en los robos con violencia e intimidación, debido a la reforma a la ley hace unos años, por lo que hay una cantidad de delitos que las personas deben estar detenidas mientras se hacen los juicios”, dijo el magistrado judicial.
Agregó que el Estado está invirtiendo en los ocho penales de país, donde ya se habían destinado nueve millones de dólares al Sistema Penitenciario, “pero se necesitan más recursos y se hacen esfuerzos”.
NO HAY “GRANJAS”
El magistrado dijo que una de las salidas podrían ser la construcción de más cárceles, pero recordó que en los años noventa, se decidió abolir el sistema de “régimen de granjas”, el cual consistía en un sistema de trabajo semiabierto con los presos.
“Aquí habían 21 centros de detención con regímenes abiertos que fueron cerrados, ya que algunas fincas se les regresaron a sus dueños”, dijo Solís.
Indicó que en el caso de las mujeres y los adolescentes se hacen esfuerzos por hacer regímenes penales restaurativos, donde se le permite a la persona trabajar fuera del penal y no está todo el día en el centro de detención.
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