Leonor Álvarez
- “En Colombia avanza una poderosísima corriente de juristas, de universidades, de especialistas en relaciones internacionales que aseguran que la única salida es acatar la sentencia”.
- Mauricio Herdocia, jurista especialista en derecho internacional.
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El único camino viable para Colombia es acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y esto no lo dice Nicaragua, sino que es la recomendación de una corriente de juristas, académicos e incluso funcionarios y exfuncionarios de Colombia.
Según el diario colombiano El Espectador, en una nota publicada a finales de marzo pasado, la mayoría de los juristas de Colombia adversan la posición del presidente Juan Manuel Santos, quien desconoció el Pacto de Bogotá para desacatar a la CIJ y declaró la inaplicabilidad del fallo que le quitó a su país 75,000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo y se los cedió a Nicaragua.
El jurista nicaragüense Mauricio Herdocia, quien conoce esta situación interna de Colombia, asegura que “un gran número de voces importantes y autorizadas de la sociedad colombiana ha llegado al convencimiento de que la única salida viable es acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia”.
El Espectador conoció la esencia de las intervenciones que llegaron a la Corte Constitucional de Colombia de parte del Estado colombiano, la Procuraduría, varias universidades y académicos internacionalistas, donde voces importantes, especialistas en derecho internacional, juristas, académicos, están pidiendo que el gobierno de Colombia acate la sentencia de la CIJ, organismo con sede en La Haya (Holanda).
Para muestra un botón. La Universidad del Rosario de Colombia respaldó el poder de la CIJ para fijar límites fronterizos y establecer la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Su conclusión es que Colombia tiene que acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012, porque de lo contrario se generaría un precedente de responsabilidad internacional, según publicó El Espectador.
La Universidad Sergio Arboleda advirtió que la actitud del Estado colombiano, de presentarse en todo momento ante el tribunal internacional para defender sus intereses, constituye una prueba concluyente de que hasta que conoció la sentencia adversa sí reconocía la competencia de la CIJ. Es decir, reprochó que apenas se perdió el territorio marítimo, ahí sí el Gobierno denunció el Pacto de Bogotá y lo declaró inaplicable.
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