Elízabeth Romero
Con la confusión en el uso de los recursos humanos y de equipos de la clínica médica previsional y del Hospital Humberto Alvarado, de Masaya, las autoridades negaban a los asegurados su derecho a ser atendidos de forma diferenciada.
En esa ocasión, Picado reconoció ante los miembros de la comisión tripartita que desde el 10 de septiembre de 2012, cuando fue nombrado para ese cargo, ha trabajado de manera “coordinada” con la clínica médica previsional.
En ese hospital, tres especialistas fueron despedidos por reclamar que eran contratados para el hospital y se les pedía atender pacientes de la previsional.
[/doap_box]
Así lo supieron en su momento los trabajadores de la salud del hospital, cuando consultaron sobre el traslado al servicio público de los pacientes de la previsional, revela en un escrito notariado, la exjefa de pediatría Olga Úbeda, quien respondió a la comisión tripartita que se formó para conocer sobre el despido de tres pediatras del hospital de Masaya.
Úbeda fue citada para declarar cuando en marzo pasado se investigaron los motivos por los cuales no fue practicada una cesárea en el hospital a una asegurada de la clínica previsional, el 19 de febrero, y por lo cual fue destituida del cargo.
En esa ocasión, Úbeda recordó que hay un acta del 13 de mayo en la que le refieren a la doctora Patricia Quintana, que los médicos del Minsa realizan el trabajo de los pediatras de la previsional, inclusive practicaban cesáreas programadas y que ya habían chocado emergencias públicas con las del seguro.
“La contestación de la licenciada Quintana fue que los pacientes de la clínica médica previsional serían trasladados al servicio público, negándole su derecho a ser asegurado”, dijo Úbeda en su escrito.
De acuerdo con lo expresado por Úbeda a esa comisión, hubo una reunión posterior el 6 de diciembre del año pasado, con autoridades del Silais, “donde le planteábamos las ilegalidades que estaban sucediendo en el hospital y para lo cual pedíamos solución”.
La declaración de Úbeda, la recoge la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), en su ampliación de pruebas ante la Contraloría General de la República (CGR), donde denunciaron presuntos abusos administrativos en contra de autoridades de la salud, entre ellas la ministra de Salud, Sonia Castro, y el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
