CARACAS/EFE
La Central Bolivariana de Trabajadores (CBT) adelantó hoy que el presidente Nicolás Maduro decretará este Primero de Mayo un alza salarial que dejará satisfechos a los trabajadores, en momentos en que la inflación anual ronda el 60%.
«Va ha haber un aumento; no estoy autorizada para decir el porcentaje, pero va a ser un porcentaje con el que los trabajadores van a estar de acuerdo», declaró a los periodistas la vicepresidenta de la CBT, Egle Sánchez.
El Banco Central reveló el jueves pasado que la inflación en marzo fue de un 4,1 % (3,3 % de enero y 2,4 % en febrero), para un acumulado de 10,1 % en el primer trimestre del año. En 2013, la inflación llegó al 56,2%.
Maduro incrementó en un 10 % el salario mínimo el 6 de enero pasado y lo llevó a 3.270,30 bolívares, equivalente a 519,09 dólares con la cotización de 6,30 bolívares por dólar que rige como referencia oficial.
El monto del salario se reduce a 65,84 dólares con la tasa de 49,67 bolívares que promedia el dólar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2), un esquema de subastas en el cual el Gobierno permite la transacción de divisas propias y de privados, en el marco del control estatal de divisas en vigor desde 2003.
La sindicalista hizo el anuncio al revelar que la CBT y la Central Socialista de Trabajadores (CST) estiman que dos millones de trabajadores desfilarán en Caracas el Día del Trabajador «en apoyo al Gobierno».
«Vamos a demostrar que apoyamos el Gobierno de Maduro. Vamos a meter en Caracas a 2 millones de obreros distribuidos en tres puntos», remarcó Sánchez.
El vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep) y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Franklin Rondón, dijo junto a Sánchez que la marcha del Primero de Mayo «respaldará el impulso a la revolución económica desbordando la avenida Bolívar».
Ambos expresaron su apoyo a la Ley de Precios Justos que, según remarcó Sánchez, «defiende el poder adquisitivo de los trabajadores, por eso hay que difundirla y hacerla cumplir».
Con esta ley, creada en enero pasado, el Gobierno pretende controlar los precios y acabar con la escasez que se registra en el país, al prohibir ganancias superiores al 30 % y estipular sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, presentó a inicios de abril al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad de la Ley de Precios Justos, al considerar que «atenta contra las libertades económicas» consagradas en la Constitución.
