Leonor Álvarez
La información es poder. Claras de esta premisa, las empresas más importantes de Nicaragua están cada vez más interesadas en que sus trabajadores tengan conocimiento de los derechos fundamentales de un sistema democrático, asegura el constitucionalista Gabriel Álvarez.
Álvarez actualmente tiene la tarea de impartir la clase sobre Constitución Política y Derechos Humanos, como parte de la maestría en Responsabilidad Social Corporativa con enfoque en Derechos Humanos, que ofrece la Universidad Americana (UAM).
Ayer, particularmente, los 32 profesionales de diferentes empresas que reciben esta maestría, tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia del trabajo periodístico a través de la exposición del editor en jefe de LA PRENSA, Eduardo Enríquez, quien narró las dificultades para obtener información pública, al menos en los últimos siete años, en un país donde el acceso a la información es una de las tantas leyes que no se cumplen.
Enríquez hizo ver el deterioro del acceso a la información pública en la experiencia del periodismo independiente.
“Tenemos que comprender que el Estado tiene la obligación de abrir a los ciudadanos y a las empresas la información, no solo como un ejercicio de transparencia para la rendición de cuentas, sino también para la toma de decisiones para los proyectos, para los planes de negocios, para la vida cotidiana (…)”, dijo el profesor de la maestría, Gabriel Álvarez.
Christian Arróliga, oficial de programa del fondo holandés de Derechos Humanos, comentó que esta maestría se realiza con los fondos de la cooperación ICCO, que destina cinco millones de euros anuales a la región Centroamericana. Veinticinco por ciento de estos recursos se destina a capacitaciones en responsabilidad social.
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