Gloria Picón y Tania Sirias
Pintada de rojinegro quedó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) después que los diputados orteguistas y los dos del satélite Partido Liberal Constitucionalista (PLC) nombraran a 11 magistrados de reconocida trayectoria partidaria en el Frente Sandinista y a otros cinco que aunque políticamente provienen de otros partidos le deben su nombramiento únicamente al oficialismo.
Este jueves 10 de abril no hubo debate político, pues los diputados opositores no llegaron al plenario y el miércoles se retiraron del hemiciclo después de votar en contra de Roberto Rivas, uno de los funcionarios más cuestionados en Nicaragua por ser responsable de al menos tres fraudes electorales y que además ha sido señalado de enriquecimiento ilícito y a quien el oficialismo impuso, pese al rechazo de la mayoría de los sectores del país.
El único que tomó la palabra fue el diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, quien hizo un llamado para que el poder judicial no continúe invisibilizando a los pueblos indígenas en la administración de justicia.
Sin embargo con los cambios que se realizaron no se puede esperar una actuación diferente a la realizada en los últimos años, pues reeligieron a 10 de los 16 magistrados, entre ellos ocho del Frente Sandinista y dos del PLC, todos ellos se acogieron a un decreto presidencial que los prorrogó en sus cargos de manera ilegal, aún cuando la Constitución Política que juraron respetar decía otra cosa.
Desde que se acogieron al decreto 10-2010 los magistrados provenientes del PLC votan obedientemente con el orteguismo.
TRES ORTEGUISTAS MÁS ENTRE LOS “NUEVOS”
De los otros seis magistrados que fueron electos y son las “caras nuevas” en el poder judicial, tres provienen de las filas del Frente Sandinista, uno proviene del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y dos que fueron propuestos el pasado 6 de abril por el PLI, fueron votados únicamente por el Frente Sandinista y el PLC ya que el principal partido de oposición se retiró de las votaciones para no votar por funcionarios cuestionados por fraudes electorales.
En escuetas declaraciones José Adán Guerra, nombrado por los orteguistas, dijo: “Vamos a trabajar por el bien de Nicaragua y por la justicia”, luego salió apresuradamente del parlamento.
El candidato del sector empresarial, Carlos Aguerri Hurtado, expresó que no tiene partido político y que su trabajo será como el que ha realizado en la Asamblea Nacional “en favor de la empresa privada”. En cuanto al cuestionamiento del porqué fue propuesto por el Frente Sandinista, Aguerri manifestó que no había otra bancada que los propusiera.
Aguerri dijo que tiene 11 años de trabajar como asesor del sector privado en el parlamento y que aunque proviene de dicho sector hará todo lo posible para cumplir la ley, sin distingo de color político.
Mientras tanto el magistrado Virgilio Gurdián Castellón, quien fue propuesto por el PLI aceptó la magistratura a título personal, lo que le costó su membresía en el Partido Liberal Independiente.
El nuevo magistrado, que posterior a sus elección fue expulsado del PLI por aceptar el cargo, dijo que como funcionario del poder judicial debe representar a todos los nicaragüenses. “No puedo ser excluyente, uno de los principios del liberalismo es no ser excluyente”, sostuvo Gurdián
CASTRO VE PLURALISMO
Una vez concluida la elección, el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro dijo que hubo una elección “pluralista y equilibrada”, obviando que 11 de los 16 electos son orteguistas y que al menos tres más —los provenientes del PLC— obedecen al oficialismo orteguista.
“Hemos atrasado esta elección para alcanzar una pluralidad y creo que la hemos alcanzado”, dijo Castro quien negó que el nombramiento de Carlos Aguerri Hurtado fuera una cuota del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Castro se mofó de los resultados de los nombramientos, diciendo que la mayoría de los funcionarios fueron electos con 63 y 65 votos y hablando en nombre de los recién electos dijo que iban a trabajar por Nicaragua.
“Quiero afirmarles que los 54 van a trabajar por Nicaragua, por este cambio que estamos haciendo, por esta transformación, donde el protagonista es la familia y no el funcionario”, dijo Castro en declaraciones, muy parecidas al discurso de la primera dama Rosario Murillo.
Castro negó negociaciones con el Cosep y aseguró que su negociación fue con el pueblo, aunque no especificó con qué pueblo, ya que las propuestas de los funcionarios fueron únicamente de su persona, de su compañero José Figueroa y del PLC. “Tenemos una corte de gente capaz y plural, el único con quien negociamos es con el pueblo de Nicaragua”, dijo.
Rafael Solís, magistrado de la CSJ, dijo que con los nuevos nombramientos se renovó la corte, porque un 40 por ciento son nuevos. El funcionario destacó la calidad tanto de Aguerri como de sus compañeros Armando Juárez y Ellen Joy Lewin, quien se desempeñaba como juez de Distrito Penal en Bluefields y tiene veinte años de experiencia.
Con el nombramiento de los 16 magistrados de la CSJ y los ocho conjueces, los diputados orteguistas concluyeron con los nombramientos de 54 funcionarios públicos, de los cuales la mayoría tenía el periodo vencido desde el 2010 y se mantenían en sus cargos de manera ilegal, por un decreto presidencial.
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