Ante la inminente elección por la Asamblea Nacional de más de cincuenta funcionarios públicos existe una profunda preocupación en todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
¿Aprovechará Ortega esta oportunidad para enderezar el rumbo equivocado que lleva el país, permitiendo la elección de nuevos funcionarios capaces, de criterio independiente y trayectoria honesta, o simplemente dictará sus instrucciones a la bancada de su partido para que reelija a los actuales funcionarios de facto, buena parte de ellos responsables de un mal desempeño en sus cargos, e incluso de flagrantes violaciones a la Constitución y las leyes de la República, así como de los fraudes electorales del 2008, 2011 y 2012.
La oposición parlamentaria democrática, a su vez, enfrenta un serio dilema, en el que se juega su futuro político. Si Ortega decide concederle unas cuantas posiciones minoritarias en los poderes del Estado, donde muy poco o nada podrán hacer, lo más probable es que la oferta la condicione, a como lo ha hecho en el pasado, a la votación en “combo” de todos los cargos. De ser aceptada esta condición, la bancada democrática tendría que votar por los candidatos de Ortega, entre los que se encuentran algunos personajes nefastos, que la opinión pública justificadamente repudia. En esas circunstancias ¿valdría la pena participar en la elección? Lo que impone la ética política es dejar que Ortega elija a quién le convenga para su proyecto de concentración del poder y continuismo. Para eso cuenta con el voto obediente de la bancada del FSLN, integrada parcialmente por diputados electos en virtud de un fraude. De esta manera, sería él quien asumiría las consecuencias de tal paso y la responsabilidad histórica que conlleva.
Además, la elección en “combo” es ilegal. La Constitución Política establece que los magistrados deben ser electos de listas separadas y que cada magistrado será electo con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional (Art. 138 Cn).
Hay que superar el enfoque de cuotas partidarias, que proyecta la imagen de reparto de prebendas. Cierto que los partidos políticos deben procurar aumentar sus espacios de participación en las instituciones del Estado, siempre y cuando se vea muy clara la posibilidad real de incidir en las decisiones y cuando no sea a expensas de la pérdida total de su credibilidad ante la opinión pública. Como lo han señalado varios organismos de la sociedad civil, elegir a los funcionarios bajo la lógica de repartición de cuotas partidarias es lo que nos ha llevado a la situación actual de postración institucional.
Si bien todos los cargos próximos a elegirse son importantes, la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) es la que aparece como crucial en estos momentos, de cara a las elecciones presidenciales del 2016 y ante la quiebra total de la credibilidad de dicho organismo.
Este sería el momento de devolverle al pueblo nicaragüense el derecho a elegir a sus autoridades con la confianza de que sus votos serán contados con transparencia y honestidad, de manera que el resultado electoral represente la auténtica expresión de la voluntad popular. De esa confianza no gozan los actuales magistrados del CSE, por lo que diversos sectores de la sociedad civil y empresarial han demandado el cambio total de sus integrantes, unido a un proceso de transformación a fondo del actual sistema electoral.
La sociedad civil, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que Nicaragua hoy día carece de instituciones democráticas creíbles. Por lo tanto, el objetivo principal de la elección de los funcionarios públicos que se avecina, debería ser restaurar la confianza ciudadana en los poderes del Estado, la Contraloría, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La elección de funcionarios que cumplan los requisitos constitucionales, que no estén desempeñando ningún cargo de elección popular (Art. 171, inc. b Cn), de reconocida capacidad, probidad e independencia es lo que, con todo derecho, espera la ciudadanía para reencauzar el país por el camino de la democracia. Es la grave responsabilidad que deberán enfrentar los integrantes de la Asamblea Nacional.
El autor es jurista y catedrático
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
