AFP
El genocidio de Ruanda, instigado por el régimen extremista hutu, dejó unos 800.000 muertos entre abril y julio de 1994, principalmente entre la minoría tutsi, pero también entre hutus moderados, según informes de la ONU.
La noche del 6 de abril de 1994, el avión del expresidente ruandés hutu Juvénal Habyarimana fue abatido sobre Kigali cuando regresaba de Tanzania tras haber participado en negociaciones de paz con la rebelión del Frente Patriótico Ruandés (FPR, principalmente tutsi, actualmente en el poder).
Al día siguiente, el exprimer ministro hutu moderado Agathe Uwilingiyimana, diez cascos azules belgas de la Misión de Observación de las Naciones Unidas (MINUAR) encargada de su protección y varios ministros fueron asesinados. Comenzaban así las matanzas a gran escala.
El poder, dominado por los hutus, acusa a los tutsis de colusión con la rebelión procedente de Uganda, que había penetrado en el norte del país en 1990.
Desde todos los estratos de la administración se crean listas de personas que deben ser eliminadas. Las milicias hutu Interahamwe y las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR) matan metódicamente a los Inyenzi (las cucarachas, en idioma kinyarwanda, como apodan a los tutsis), así como a los hutus opositores del partido de Habyarimana y a quienes se niegan a participar en las matanzas.
Se cortan las calles de Kigali, los milicianos y los militares registran las casas. La milicias Interahamwe, inicialmente el movimiento juvenil del partido de Habyarimana, se convierten en una auténtica máquina de exterminio. Las masacres se extienden a todo el país. Hombres, mujeres y niños son ultimados a machetazos, destrozados por granadas y obuses en las calles, en sus casas e incluso en las iglesias y colegios donde se creían a salvo.
La población, movilizada por las autoridades y los medios de comunicación -con la tristemente célebre Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) que se convertirá en el principal medio del odio- toman parte en las masacres, los saqueos y las violaciones sistemáticas.
La MINUAR es incapaz de parar el baño de sangre, ante una comunidad internacional paralizada. El 21 de abril, en el momento más álgido de las masacres, el Consejo de Seguridad de la ONU decide, por razones de seguridad, reducir considerablemente el efectivo de la MINUAR a solo 270 hombres.
El 28 de abril de 1994, Médicos Sin Fronteras-Bélgica anuncia que se está perpetrando un auténtico genocidio. «Es el horror total. Estamos en el corazón de las tinieblas», declara el portavoz del CICR.
El 4 de julio, el FPR toma Kigali, poniendo fin a las masacres. La victoria de los rebeldes provoca, a su vez, un éxodo de miles de hutus hacia el vecino Zaire (actualmente República Democrática del Congo), con el fondo de operación militar-humanitaria Turquesa realizada por Francia.
El 8 de noviembre, la ONU crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en Arusha (Tanzania). Cuatro años más tarde, el TPIR pronuncia sus primeras penas de prisión perpetua e incluye la violación y la violencia sexual en los actos de genocidio. Estas decisiones constituyeron el primer reconocimiento por la justicia internacional de genocidio contra la minoría tutsi ruandesa.
El TPIR ha juzgado, desde entonces, a varios responsables de las masacres. Asimismo, cerca de dos millones de personas, ruandeses corrientes, han comparecido ante tribunales populares, los gacaca, por su presunto papel en el genocidio. El 65% de las personas juzgadas en estos tribunales han sido declaradas culpables.
