Busco empleo, no tengo experiencia

Wendy Álvarez Hidalgo I entrega de II

Veintiún meses han pasado desde que a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional llegó una iniciativa de ley que podría transformar la vida de Socorro Jarquín. Ella tiene 23 años y estudia Sociología en una universidad de Matagalpa. En su interior esta joven oculta un temor muy profundo. No tiene experiencia laboral y por eso no se atreve a buscar empleo porque sabe que será rechazada por el mercado del trabajo. Su currículum está casi en blanco, está en desventaja, admite.

Un miedo que se disiparía —dice— si finalmente los diputados aprobaran la prometida Ley de Promoción del Contrato de Primer Empleo para la Juventud, que está engavetada en la Asamblea desde el 28 de junio de 2012.

Esta ley permitiría que Socorro y los más de cien mil jóvenes que cada año entran al mercado laboral —en su mayoría sin experiencia— tengan la oportunidad de encontrar un empleo digno y no sean vistos por las empresas como un gasto que elevaría los costos de operación sino como un talento por pulir, descubrir, con ideas nuevas y aprovechables.

Socorro es de los pocos jóvenes en este país que saben de la existencia de esa iniciativa de ley y por eso ha decidido unirse al esfuerzo que la Comisión Nacional de Juventudes de la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local

para exigir que esta sea retomada y aprobada por los diputados.

ESPERA ETERNA

Carlos Mairena también es joven (22 años) y quiere un empleo. Es universitario y tiene meses en espera de una llamada o un mensaje en su correo electrónico de un canal de televisión donde llevó su currículum. Cree que si no lo han buscado es porque tal vez vieron muy pobre su hoja de vida laboral: primaria y secundaria aprobada y segundo año de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas en una universidad de Managua. Experiencia laboral: ninguna.

Socorro y Carlos tienen dos realidades económicas diferentes, pero comparten una misma queja. Ella se ha refugiado en el teatro para conseguir una ayuda económica con la que a duras penas costea parte de sus estudios universitarios; en tanto son los padres de Carlos los que pagan las mensualidades universitarias.

Pero ambos coinciden en que es “injusto” que las empresas los discriminen por no tener experiencia, un rechazo que obliga a los jóvenes a emigrar, prostituirse o bien a engrosar la generación de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Esta es la advertencia que Socorro hace desde un escenario en una obra teatral que protagoniza y que presentará en varios municipios.

¿Por qué urge la Ley de Primer Empleo? El diputado Alberto José Lacayo, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional y promotor de dicha iniciativa, recuerda que “las personas de entre 15 y 24 años representan el 27 por ciento de la fuerza laboral, el 44 por ciento de los desempleados son jóvenes entre 15 y 24 años. Estos últimos tienen una tasa de participación económica del 47 por ciento y una tasa de desempleo dos veces superior a la observada entre los adultos (ocho por ciento)”.

Si se llega a aprobar la Ley de mi Primer Empleo, Socorro y Carlos, así como todos los jóvenes sin experiencia, solo tendrán que cumplir con dos requisitos básicos para aspirar a un puesto de trabajo: tener entre 18 y 30 años de edad y haber egresado de una carrera universitaria o de un instituto técnico autorizado por el Tecnológico Nacional antes Inatec.

Atrás quedaría el miedo a ser rechazados por las empresas.

Colombia es uno de los países que cuenta con una Ley de mi Primer Empleo y en el primer año de vigencia dicha ley benefició a 400 mil jóvenes menores de 28 años y unas 45,000 empresas se acogieron a los incentivos fiscales, según resume en su portal electrónico el Ministerio del Trabajo de Colombia.

NADIE ASUME

¿Por qué dicha ley está engavetada si ofrece incentivos a las empresas? Los sindicatos no han mostrado interés en la misma, tampoco los empresarios y mucho menos los diputados. Lacayo dice que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, que preside el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, la mantiene engavetada y que en reiteradas ocasiones le ha insistido al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que acoja esa propuesta de ley, pero han hecho caso omiso.

El legislador admite que la iniciativa de ley no “es un proyecto perfecto y que puede ser mejorado a través de un debate entre el Gobierno, empresarios, sindicatos y organizaciones juveniles”.

WÁLMARO: INICIATIVA ”TIENE COSTOS FISCALES”

El diputado Gutiérrrez dice, sin embargo, que el problema es que la propuesta “tiene costos fiscales” y que en lugar de “rechazarla” han preferido “tenerla ahí latente para abordarla en una eventual reforma a la Ley de Concertación Tributaria”.

Gutiérrez asegura que la iniciativa no está estancada, porque hay un equipo técnico conformado por las universidades y el sector privado, que ha estado evaluando el proyecto de ley. “No vamos a tener una respuesta atropellada y que en un momento pueda tener resultados indeseables para el tema de la fiscalidad nacional”, enfatiza.

El legislador sandinista manifestó que el proyecto de ley ya está en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para valorar el “costo fiscal” de la misma. No descartó que la misma se incluya en la posible discusión a la reforma de la ley de concertación tributaria prevista para mediados de este año.

Desde un principio los empresarios se mostraron reacios a respaldar dicha iniciativa, porque en la misma se obligaba a los empleadores a inscribir ante el Instituto del Seguro Social al principiante, un costo adicional que no están dispuesto a asumir.

En el Artículo 6 de dicha iniciativa dice que para que un empresario tenga derecho a gozar de los incentivos, “deberá haber pagado las cotizaciones de Seguridad Social correspondientes al trabajador contratado bajo la figura del Contrato de Primer Empleo, dentro del plazo legal establecido para ello”.

Pero el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que preside José Adán Aguerri, encontró la fórmula perfecta para esquivar ese costo y a la vez relegar a un segundo plano dicha iniciativa de ley.

Aguerri explicó que tras conversaciones con el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se acordó que las empresas que contraten a pasantes no están obligadas a inscribirlos ante el Seguro hasta por un período máximo de un año de pasantía. El representante gremial dijo que ya con eso el proyecto de Ley de mi Primer Empleo no es prioridad en la agenda del sector privado, porque para eso están trabajando en una comisión un acuerdo referido a las pasantías profesionales, que no tendrá fuerza de ley.

La resolución número 03279, según Aguerri, fue emitida por el Consejo Directivo del INSS el pasado 26 de marzo de este año. Esta medida deja sin validez para los practicantes en las empresas todos los artículos relacionados con la protección del Seguro Social. La misma fue acordada en la reunión ordinaria número 279 de la Junta Directiva del INSS, según el representante empresarial.

“Las empresas estamos abiertas a que se hagan esa prácticas universitarias, pero no asumiendo costos adicionales, porque esas personas no son empleados que se van a quedar fijos en las empresas”, afirma.

El sector de zona franca es de los que más empleo genera. Hay más de cien mil trabajadores, en su mayoría jóvenes, algunos hasta universitarios. Y aunque el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Dean García, admite que se debe dar oportunidad a los jóvenes sin experiencia entrar al mundo laboral, enfatizó que se debe tener cuidado con una Ley de mi Primer Empleo de tal manera que no espante la inversión por aumentar los costos de operación o producción de las empresas.

(Con la colaboración de Lucydalia Baca Castellón).

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