Managua/AP
Una hija del expresidente liberal de Nicaragua Arnoldo Alemán y el abogado que lo defendió por diversos cargos de corrupción, han sido propuestos por el partido del exgobernante para ocupar el cargo de Contralora de la República y magistrado en la Corte Suprema de Justicia, informaron fuentes oficiales.
La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Haydee Osuna, informó que la hija mayor del exmandatario María Dolores Alemán y que su abogado defensor Mauricio Martínez están entre las 51 propuestas por esa organización a ocupar cargos en las instituciones del Estado, que la Asamblea Nacional elegirá a más tardar el 10 de abril.
«Todos los propuestos salieron de las bases del PLC (Partido Liberal Constitucionalista), no hay favoritismo para nadie y todos tienen derecho si es que cuentan con los votos de respaldo», dijo Osuna a The Associated Press.
María Dolores Alemán fue diputada propuesta por su padre entre los años 2007 y 2012. El abogado Mauricio Martínez defendió a Alemán en cada uno de los casos de corrupción que se le abrieron al expresidente desde el año 2002, cuando dejó la presidencia.
Alemán fue acusado por varios casos de corrupción, el más grave de ellos por lavado de dinero. La Contraloría nunca se pronunció contra el exgobernante debido a que algunos contralores del Partido decidieron no profundizar las investigaciones o archivar los casos.
El exprocurador general, Alberto Novoa, no se extrañó de la propuesta del Partido porque «las prebendas políticas» son más importantes que los méritos.
«La hija de Alemán no tiene la capacidad para estar en la Contraloría, hay centenares de personas con verdadero prestigio y calidades para ocupar ese cargo, y si la Asamblea la elige será burlarse de la población», dijo Novoa.
Agregó que «querer que el abogado de quien se robó millones del erario nicaragüense vaya a la Corte Suprema, es el colmo del cinismo, es lo último que puede pasar».
La Asamblea Nacional elegirá a más tardar el 10 de abril a por lo menos 54 funcionarios cuyos cargos se encuentran vencidos desde 2010 y que se han mantenido en ellos apoyados en un decreto que emitió Daniel Ortega que les prolongó el período, aun cuando esa era facultad del Parlamento.
Entre los cargos vencidos se encuentran todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los miembros de la Contraloría General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el Procurador de Derechos Humanos.
Todos los cargos deben aprobarse con más de 60 votos y el gobernante Frente Sandinista tiene 63.
