Caracas/EFE
Los dueños de inmuebles alquilados en Venezuela hace veinte años o más deberán venderlos a sus arrendatarios en un plazo perentorio de sesenta días o afrontar multas cuya mora derivará en posteriores embargos, según un decreto publicado ayer.
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El decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2,000 Unidades Tributarias, equivalente a 254,000 bolívares (unos 40,317 dólares a la cotización oficial de 6.3 bolívares por dólar), que debe ser pagada en un lapso de cinco días.
La multa será doblada si no se paga en ese lapso y, tras ello, de mantenerse la mora, “la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa”, señala.
En una primera reacción, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), catalogó la norma de “inconstitucional”.
En declaraciones a medios locales dijo que se trata de una medida que “despoja de su propiedad” a dueños legítimos, pese a que la Constitución solo prevé la expropiación o la confiscación, con el respectivo pago de una indemnización.
Además, añadió Orta, “muchos de estos edificios los ocupan personas de la tercera edad”, a quienes la banca no los considera a la hora de otorgar créditos.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, adicionalmente, aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que deben reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56.2 por ciento, agregó el titular de Apiur.
El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) lanzó en 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3.7 millones de jefes de familia. Hasta mediados de 2013 el Gobierno informó de la entrega de 415,218 viviendas en todo el país.
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